Fernando Aguilar/
El Diario
El alza a 8 pesos que concesionarios aplicaron sin permiso en la tarifa de transporte público, desató la indignación de los usuarios y representantes de asociaciones civiles, quienes exigieron al Estado control sobre los transportistas.
Para Olivia Bañuelos Morales, comerciante de la zona Centro, es injusto que el cobro aumente cuando las líneas han mostrado “poco interés” en reemplazar las unidades “chatarra” que tienen hasta más de 10 años de antigüedad.
“Realmente no se ve que ellos estén buscando un beneficio para la ciudadanía a pesar de que es un servicio para el público y saben que muchas personas lo necesitan”, consideró a su vez Ramón Nogales, usuario frecuente de las rutas de transporte.
Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), dijo que el aumento a 8 pesos es un problema diminuto en comparación con el conflictivo estado del transporte público en la ciudad.
“Lamentablemente ha quedado en evidencia que los transportistas están por arriba del Gobierno del Estado”, dijo.
El Estado, ni cuando era del PRI ni ahora que es del PAN tiene control sobre ellos. Por eso los ciudadanos prefieren comprar vehículos y no les importa si después no pueden legalizarlos”, agregó.
Para Ortiz Quintana, lo necesario no es simplemente poner en circulación nuevas unidades, sino reestructurar todo el sistema desde las rutas que siguen los camiones hasta los horarios en que están disponibles.
La misma situación ocurrió en septiembre de 2016, cuando a pesar de que no habían renovado por completo su parque vehicular –como lo exigía el Estado para autorizar el aumento a 8 pesos–, los ruteros subieron el precio.
A principios de este año, en enero, concesionarios del servicio de transporte público se autorizaron ellos mismos un incremento de tres pesos que fue inhibido al día siguiente por el Gobierno del Estado, por lo que en vez de 7 pesos cobraban 10.
Entonces, como ahora, los usuarios condenaron enérgicamente el alza unilateral y reprobaron la conducta de los concesionarios al desacatar la normatividad vigente. (Fernando Aguilar / El Diario)
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