Luz del Carmen Sosa/
El Diario
Adriana Ríos Acosta, propietaria de la Funeraria Ríos, obtuvo el amparo de la justicia federal para evitar un posible arresto por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) que ahora la investiga por el levantamiento del cuerpo de una mujer que falleció por causas naturales, cuyo servicio funerario fue solicitado por un particular.
La empresaria dijo sentirse decepcionada de la resolución judicial que puso en libertad a los elementos de la Policía Ministerial que la arrestaron en su negocio con uso de la fuerza pública y ahora la investigan por hechos que no ocurrieron como lo expone públicamente el fiscal Jorge Nava López, quien respaldó al personal a su cargo.
La acusación, dijo Ríos Acosta, ha desatado una serie de represalias pese a que por cinco años su empresa ha prestado servicios a la Unidad de Atención a Víctimas y por 14 años sufragó la operación del anfiteatro.
Ayer la Fiscalía General del Estado dio a conocer que fueron reincorporados a sus funciones el comandante Pedro Iván Villalobos González, y los agentes María del Rayo Luévano Chávez, Jesús Solano Abasta, sin embargo, no informaron la situación laboral de otro elemento de apellido Ramírez, que huyó de las instalaciones cuando ejecutaron la orden de aprehensión.
Mediante un comunicado de prensa la FGE hizo público que los hechos sucedieron cuando el día 02 de febrero los agentes realizaban una investigación de campo en la calle Damasco, en la colonia Progresista, donde se reportó una persona sin vida, y al llegar al lugar los agentes se percataron que no estaba el cuerpo.
El comunicado refiere que “al investigar lo sucedido se obtuvo información de que personal de la funeraria Ríos había llegado al lugar para llevarse el cuerpo, pero debido a que la persona fallecida no contaba con familiares que pudieran haber autorizado el levantamiento, se constituyó un delito, ya que las funerarias no están facultadas para determinar el tipo de muerte”.
Sin embargo, los investigadores se limitaron a investigar a la funeraria; hasta el momento la institución no ha dado a conocer públicamente el ejercicio de la acción penal contra los primeros respondientes, ya que son legalmente responsables de informar al Ministerio Público el deceso de las personas en la vía pública.
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