Horacio Carrasco
El Diario
Unos 200 estudiantes de la Preparatoria Altavista protestaron esta mañana en la unidad administrativa de Gobierno del Estado y exigieron que se paguen los salarios que les fueron suspendidos a cinco profesores y que se cancele el intento de reubicarlos.
El plantel se ubica en bulevar Bernardo Norzagaray sin número de la colonia Zacatecas, tiene 250 estudiantes y unos 23 trabajadores, de los cuales 13 son profesores.
Armida Elia Valverde Cabral, directora de la escuela y quien además cubre ocho horas de clase, dijo que el 9 de febrero, cinco profesores de la escuela fueron citados por Héctor González Astudillo, jefe de Secundarias Técnicas.
El funcionario les informó que serán reubicados en secundarias técnicas y les dio a escoger una de su preferencia, agregó.
“Le dijimos que no, porque este recurso es un patrimonio de la Preparatoria Altavista”, expresó. Pero a la semana los dejaron sin pago de salarios y así siguen hasta la fecha.
Aparte de lo anterior, no les han asignado los relevos de tres plazas: un profesor que falleció, otro que se jubiló y una empleada que también se pensionó, dijo.
“¿Dónde están las plazas, por qué no podemos nombrar a los sucesores de esos compañeros si esos recursos son de la preparatoria y mucha falta nos hacen?”, preguntó.
Los manifestantes fueron atendidos por el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega, quien dijo que va a investigar qué ha sucedido con las plazas y va a revisar la decisión de reubicarlos.
La directora dijo a Ramón Galindo que la Preparatoria Altavista es un plantel federal por cooperación y fue fundada en 1967 por un grupo de estudiantes de la primera generación de la Secundaria Altavista, es decir, este 2017 cumple 50 años de vida.
Además, es un recurso que se necesita en el poniente de la ciudad y da viabilidad a un proyecto educativo muy pobre, agregó.
“Todas las instancias de Gobierno nos han negado apoyo”, expresó.
El centro educativo opera en un edificio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) que está en muy malas condiciones, pues en 2006 se metió agua del Río Bravo y ninguna autoridad ayudó ni aportó nada para la rehabilitación, informó.
Pero los problemas no acabaron allí, pues en el 2004, el gobierno de Vicente Fox suspendió el pago de la electricidad a pesar de que es una escuela pública, y ahora el plantel se sostiene con los recursos de la clase obrera del poniente de la ciudad, dijo.
Luego en el tiempo de Duarte quisieron reubicarlos y hasta les suspendieron salarios, igual que ahora, y luego en 2015 otra vez quisieron cambiarlos a los Cecytech, agregó.
Informó que Gobierno del Estado les otorga un subsidio anual de 64 mil pesos y eso es todo, pues los apoyos federales se suspendieron desde el 2008.
Es un plantel que se considera un símbolo de la ciudad, pero sucede que a las autoridades “les disgusta nuestro trabajo, nuestra pedagogía, nuestro cuestionamiento”, expresó.
Por eso ahora, en el 2017, otra vez quieren removerlos, añadió.
La directora y los estudiantes exigieron que les liberen los salarios que no les han pagado, que dejen de hostigarlos para forzar su reubicación y que tengan memoria de la lucha de los profesores.
“Todos aquí esperamos acciones, no discursos”, dijo Armida Valverde, “por eso, atiéndanos y resuélvanos”.
Agregó que los trabajadores que fueron presionados ya interpusieron una demanda laboral y una queja ante la Secretaría de la Función Pública.
Esto por el procedimiento totalmente anómalo que siguieron los funcionarios con ellos, informó.
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