Blanca Carmona/
El Diario
Un comandante de la Ministerial y otros dos agentes estatales fueron acusados ayer ante un juez de Control por el delito de privación de la libertad en perjuicio de la propietaria de una funeraria local.
Se trata de los agentes Pedro Iván Villalobos Rodríguez (comandante), María del Rayo Luévano Chávez y Jesús Solano Abasta. Los dos últimos fueron también acusados de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública.
Los tres elementos estatales enfrentarán su proceso en libertad al imponerseles sólo como medidas cautelares:
no acercarse a la víctima, que sean separados de sus cargos mientras se desarrolla el proceso penal, no salir del país ni del estado y acudir a firmar cada mes ante la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.
En la audiencia de Control, el agente del Ministerio Público dijo que el pasado 12 de febrero alrededor de las 13:30 horas, Pedro Iván Villalobos, en su calidad de servidor público adscrito a la Policía Estatal Única (PEU) División de Investigación, se presentó sin contar con un mandato judicial en la funeraria ubicada en la avenida 16 de Septiembre y Cromo de la colonia Del Carmen y se entrevistó con Luz Adriana Ríos Acosta.
Dijo que Villalobos tampoco se identificó como policía estatal y le solicitó a Ríos Acosta información sobre un empleado debido a que éste había levantado un cadáver.
Agregó que unos 30 minutos más tarde el agente le ordenó a María del Rayo Luévano, Jesús Solano y a Andrés Ramírez Gómez que acudieran a la funeraria y privaran de la libertad a Luz Adriana Ríos.
El hecho fue clasificado por el fiscal como constitutivo del delito de privación de la libertad en calidad de autor. También acusó a Villalobos Rodríguez de haber incurrido en delitos del ámbito de la procuración de justicia.
Respecto a María del Rayo Luévano y Jesús Solano el fiscal refirió que en la misma fecha cerca de las 14:00 horas, ambos acudieron a la funeraria sin mandato judicial y fuera de un caso de flagrancia, para privar de la libertad a la empresaria ejerciendo violencia física e insultos.
Los dos ministeriales fueron acusados entonces de los delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública en calidad de coautores.
El representante social pidió la prisión preventiva para los tres agentes acusados, bajo el argumento de que representan un riesgo para la víctima, pues pueden ejercer presión contra la afectada y a los testigos para que cambien su versión, aparte de que las penas que podrían recibir de ser encontrados culpables son altas.
Al final el juez no accedió a la petición del fiscal y fijó las cautelares. (Blanca Carmona / El Diario)
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