Juan de Dios Olivas/
El Diario
Cuando salió de una tienda de autoservicio a donde acudió a comprar comestibles y se disponía a abordar su automóvil, Manuel Balderas fue detenido por autoridades migratorias en Dallas, Texas, que lo trasladaron a un centro de detención.
Posteriormente lo deportaron bajo amenaza de que si regresa le darán 80 meses de cárcel.
De 53 años de edad, originario de El Conejo, Durango, Manuel tenía dos décadas residiendo en Estados Unidos, país en el que dejó a su esposa y cuatro hijos ciudadanos.
Su caso es similar al de miles de connacionales que en la última década han sido expulsados hacia México.
Jesús Peña Muñoz, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), advierte que esa es la tendencia de las políticas migratorias de Estados Unidos desde poco antes de que llegara a la presidencia de ese país Barack Obama, y todo indica que se recrudecerá con Donald Trump.
Las acciones migratorias van dirigidas en contra de quienes residen ya en territorio estadounidense, sin importar que tengan familia, una situación que en el pasado no era frecuente.
Peña Muñoz señala que la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte documentó en 1995 que el 83.8 por ciento de las personas repatriadas eran migrantes detenidos al momento de cruzar la frontera. Una década después ese porcentaje disminuyó a 59.2 por ciento, mientras que para el 2015 representó el 42.2 por ciento.
En contraste, el número de connacionales –sin documentos o con estatus de residente– deportados que tenían más de un año radicando en Estados Unidos comenzó a crecer. De menos de un 12 por ciento, en el 2015 el porcentaje fue del 26 por ciento, es decir uno de cada cuatro.
En este último porcentaje se encuentra Manuel Balderrama, quien fue deportado de los Estados Unidos por Ciudad Juárez.
Él fue entrevistado en una gasolinera ubicada sobre el bulevar Gómez Morín y calle Saturno, una zona que se convirtió en el punto de reunión de decenas de connacionales repatriados que son recibidos en la Casa del Migrante, ubicada a escasas cuadras, donde aguardan a contratistas que les ofrecen trabajo en la construcción.
Cargando una mochila con herramientas de albañilería, narra que en Dallas se dedicaba al mismo oficio que tiene ahora en esta frontera, pero allá ganaba de 60 a 80 dólares la hora en los mejores días, un ingreso que aquí ni soñando se lo pagan haciendo las mismas labores.
“Ya voy a cumplir dos años aquí, pero ya no pienso regresar, la cárcel sería muy dura, me dijeron que me darían 80 meses”, dice Manuel.
Señala que allá se encuentran sus cuatro hijos, el menor de 14 años y el mayor de 20, pero tiene poco contacto con ellos y sólo telefónico.
“Ellos son ciudadanos, nacieron allá y están impuestos al modo americano, ya tienen sus vidas hechas, como los de allá”, refiere.
Recuerda que a través de su esposa, que también es ciudadana, logró obtener la residencia legal pero la perdió por conducir en estado de ebriedad, lo que –dice– le generó una orden de deportación y su detención al salir de una tienda de autoservicio.
Como Manuel, la mayor parte de los migrantes arrestados fueron capturados en la calle, afirma el investigador del Colef.
De quienes fueron retornados, el 68.2 por ciento fue arrestado en retenes migratorios, el 8.4 por ciento en su trabajo, el 17.3 por ciento en su casa y el porcentaje restante por diversos motivos, de acuerdo con la encuesta de Migración.
Los entrevistados por representantes del Colef refirieron que la principal causa del arresto fue simplemente manejar sin documentos, infracciones de tránsito, conducir ebrios, orden de deportación y por la delación a manos de sus propias esposas o parejas.
Peña Muñoz señala que esas son las nuevas características de los migrantes repatriados, que ya no son aquellos recién llegados a los Estados Unidos.
“Con estas acciones van contra quienes tienen residiendo más tiempo en los Estados Unidos en forma indocumentada. La cuestión es que están repatriando gente no que está cruzando la frontera, sino que está residiendo ya. Es gente detenida por ICE con vida ya hecha”, expresa.
De hecho el gobierno de Trump contempla construir un muro para detener un flujo migratorio que cada año desde hace una década va en decadencia.
“Es el cambio que hay, por eso no tiene sentido estar construyendo un muro, no para flujos. Las deportaciones subieron pero son personas que tienen más de un año viviendo en Estados Unidos. El flujo general ha ido bajando pero lo que sube son los que viven allá”, enfatiza Peña Muñoz.
En el 2005 el número de detenciones de connacionales que fueron regresados a México alcanzó las 513 mil detenciones. Una década antes fue del doble, mientras que en el 2015 fueron 45 mil 600 repatriaciones.
Y de los que fueron repatriados en ese último período, aquellos que ya residían por más de un año y que tenían hijos menores de 18 años que se quedaron en los Estados Unidos representan el 33.3 por ciento.
De ese porcentaje, el 91 por ciento de los menores nacieron allá, y de esos solamente la tercera parte tiene un documento para demostrar su doble nacionalidad, como pasaporte o actas de nacimientos, destaca Peña.
“El resto son aquellos con la doble falta de documentación, que son el 67 por ciento que no tiene manera de confirmar su nacionalidad mexicana. Son hijos indocumentados en México y sus padres lo son en los Estados Unidos; literalmente aplica aquí la palabra indocumentado”, explica.
Una de las preguntas que les plantea la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte es qué piensan hacer con sus hijos, traerlos a su país de origen o dejarlos.
“El 40.8 por ciento piensa dejarlos en Estados Unidos, no traerlos a México aunque se queden allá solos. El 14.5 por ciento los quiere traer a México. El 25 por ciento quiere regresar y tratar de reunirse con ellos, mientras que el 19.3 por ciento todavía no decidía al momento de ser entrevistado”, dice el experto del Colef.
Poco más de la mitad de este grupo de migrantes dejó a sus hijos con su cónyuge o pareja, que no es el padre o madre biológica.
Solamente el 7.1 por ciento los dejó con su padre o madre biológica, mientras que el 32 por ciento quedó bajo tutela del Gobierno, un 3.3 por ciento con sus hermanos y un 2.8 por ciento con vecinos. (Juan de Dios Olivas / El Diario)
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