Gabriela Minjáres/
El Diario
A pesar de que en Chihuahua se han invertido miles de millones de pesos para sanear las corporaciones policiacas, la corrupción y la infiltración de los grupos criminales en las instituciones encargadas de la seguridad pública, aún no se han podido erradicar.
En la última década en la que se han registrado los mayores índices de violencia, tan sólo el Gobierno federal ha asignado más de 4 mil 500 millones de pesos a la entidad a través de programas, fondos y subsidios para apoyar la profesionalización, equipamiento, construcción de infraestructura, acreditación y certificación policiaca.
De esos 4 mil 500 millones al menos mil se asignaron directamente al municipio de Juárez, ciudad que a partir del 2007 se convirtió en el epicentro del crimen al contabilizarse desde ese año hasta la fecha más de 12 mil homicidios.
Mientras que el Gobierno de Estados Unidos ha destinado a través de la Iniciativa Mérida poco más de 14 millones de dólares a Ciudad Juárez desde 2010, para que policías y organizaciones civiles trabajen en el rescate de esta frontera.
Además, en medio de la guerra contra el narcotráfico que impulsó el Gobierno encabezado por Felipe Calderón (2006-2012) se invirtieron más de 5 mil millones de pesos en esta ciudad a través de la estrategia “Todos Somos Juárez”.
Dicha intervención social, entre los compromisos asumidos en materia de seguridad, se propuso profesionalizar y depurar las policías locales mediante procesos de reclutamiento, selección, capacitación y certificación.
Con todo ello, el diagnóstico que a la fecha hacen las autoridades estatales de las corporaciones policiacas de todos los niveles que operan en Chihuahua es casi el mismo: siguen “contaminadas” e “infiltradas”, por lo que están al servicio de los grupos delincuenciales más que de la sociedad.
Infiltrados en todos los niveles
El gobernador Javier Corral Jurado, asegura que el mayor problema se tiene detectado en las policías municipales, aunque el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, dice que ninguna corporación está exenta de tener en sus filas “buenos y malos elementos”.
“Hay varios municipios en donde nos reportan que los policías les abren paso a los malosos, por eso es que estamos insistiendo en el control de confianza y en la depuración”, sostiene el gobernador.
Sin embargo, concede que la propia Fiscalía también enfrenta un deterioro institucional que implica uno de los mayores retos para el nuevo Gobierno, porque el cambio será más lento, gradual y cuidadoso por lo que significa la infiltración criminal en sus filas.
Para el fiscal, esta situación se debe en parte a la simulación y ocultamiento del problema por parte de las autoridades, pero también a un rezago de más de una década en el que se encuentran varios municipios a los que no se les repartieron recursos para las policías locales.
“El problema es que en años pasados, sin referirme a nada en particular, había cierto ocultamiento, la tendencia a esconder lo que sucedía y se daba el problema de ‘no pasa nada’ y entonces se van multiplicando estos escenarios”, expone Peniche.
Y aunque el funcionario estatal que de 2010 a 2015 fue delegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), sostiene que “todos” los niveles de gobierno tienen en mayor o menor medida agentes corruptos o al servicio de los delincuentes, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Sergio Almaraz Ortiz, rechaza una situación de ese tipo en la Policía Municipal.
“Debo establecer primeramente que la Policía Municipal de Juárez en este momento no se encuentra inmersa en una condición de controversia respecto de la calidad de sus elementos”, afirma.
Como prueba de “la calidad de probidad y honradez” de los elementos, pero también de su responsabilidad, agrega que obtienen subsidios económicos porque cumplen con los objetivos y metas trazadas anualmente, particularmente en lo que se refiere a los exámenes de control de confianza.
“La institución en este momento no se encuentra vinculada a una cuestión de señalamiento hacia alguno de los elementos del cuerpo operativo que representara un riesgo o inseguridad para los juarenses o que inclusive representara un retroceso en razón de señalamientos a los cuerpos operativos y que sin duda generan vínculos de desconfianza con la ciudadanía”, dice Almaraz.
Casos de evidencia
Hechos ocurridos la semana pasada ponen en evidencia la posible infiltración en las policías.
Por ejemplo destaca el arresto de siete agentes –cinco tránsitos y dos municipales– que participaron en la detención de un hombre que murió en la Estación Universidad, porque la necropsia estableció la causa de muerte por traumatismo craneoencefálico.
También se dio a conocer que el exagente de la Fiscalía, José Ángel Cuéllar González, detenido por privación ilegal de la libertad, violencia familiar y abuso sexual contra su pareja, dio información para encontrar el sábado pasado tres osamentas en una casa en la colonia Aztecas.
Cuando fue presentado, la Policía Municipal lo señaló como presunto sicario de tres estudiantes en un restaurante bar este mes, y también lo acusó públicamente como líder de un grupo delictivo, sin embargo, la Fiscalía dijo que no existían pruebas para ligarlo al triple homicidio.
A Cuéllar González también se le relaciona con una banda dedicada al contrabando de cigarros y de acuerdo con archivos periodísticos en enero de 2013, cuando aún se encontraba en activo como agente de la Fiscalía Especializada en Mujeres (FEM), fue detenido y señalado por dar protección a contrabandistas de cigarrillos en la zona Centro.
Estos casos se suman a otros, entre los que destaca la detención del exdirector de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en el año 2007, Saulo Reyes Gamboa, quien apenas tres meses después de dejar el cargo público fue detenido por autoridades federales de Estados Unidos y acusado de narcotráfico, delito por el que purgó una condena de ocho años.
Opacidad en manejo de recursos
Si bien los miles de millones de pesos que al menos en los últimos 10 años se han asignado al estado de Chihuahua y a municipios como Juárez para fortalecer y ‘limpiar’ sus corporaciones policiacas no han representado un cambio en beneficio de la sociedad, tampoco existe claridad en el uso de esos recursos.
Así lo advierte el fiscal César Augusto Peniche, quien asegura que en la revisión que han realizado del uso de los recursos públicos asignados por la Federación en materia de seguridad pública, no han encontrado evidencia de que se aplicaran y repartieran puntualmente a los municipios en el estado.
Tal es el caso del presupuesto asignado a Chihuahua a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), una de las fuentes de financiamiento para los estados con mayor volumen de dinero.
“Nosotros hemos estado revisando con detenimiento la aplicación de los recursos del FASP y hay un segmento de esos recursos que se tienen que brindar a los municipios y lamentablemente no hemos nosotros encontrado evidencia de que estos recursos estuvieron llegando puntualmente, por el contrario, parece ser que hubo simulación, los recursos no llegaron”, afirma.
Por ello, agrega, hay municipios en los que hay sólo una patrulla, los agentes carecen de uniformes, no están capacitados y mucho menos han sido evaluados; mientras que en unos que no tienen acceso a financiamiento directo ni siquiera hay policías y en otros más los jefes son impuestos por grupos criminales.
Datos oficiales revelan que de 2008 a 2017 el Gobierno federal ha asignado a Chihuahua 2 mil 450 millones de pesos a través del FASP, un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública, entre ellas el desarrollo, profesionalización y certificación policial.
A través del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) que se aprobó a partir de 2008 en el Presupuesto de Egresos de la Federación se ha destinado al estado un monto de mil 528 millones de pesos, de los cuales 758.2 millones le correspondieron a Ciudad Juárez.
Los recursos del Subsemun tienen como objetivo principal la profesionalización, equipamiento e infraestructura de las corporaciones policiacas, lo que incluye la evaluación de confianza de los elementos.
Sin embargo, a este subsidio sólo acceden los municipios que tienen mayor población, incidencia delictiva y ciertas características, como el que sean destinos turísticos, zona fronteriza, municipios conurbados o próximos a zonas de alta incidencia delictiva.
A partir de 2016 el Subsemun se reestructuró para convertirse en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), a través del cual se han asignado a Chihuahua 329.3 millones de pesos, de los cuales 150.6 correspondían a Ciudad Juárez.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública describe que el Fortaseg es un subsidio con el que se deben cubrir aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las policías municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento y la construcción de infraestructura, entre otras.
Además, de 2013 a 2015 la Federación también acordó entregar a Chihuahua 284.1 millones de pesos por medio del Subsidio para la Policía Acreditable (SPA), recursos que deben ser destinados a los estados para fortalecer sus instituciones de seguridad pública en materia del mando policial.
‘No hay instituciones confiables’
La Mesa de Seguridad y Justicia coincide que aún no se tienen instituciones completamente confiables para la comunidad.
Astrid González Dávila, coordinadora de la agrupación institucional, considera que si bien se requieren todavía acciones en materia de depuración policiaca, lo que urge es transparencia y rendición de cuentas en el uso de los miles de millones de pesos que se han asignado.
En tanto, añade, las acciones que se realicen para ‘limpiar’ las policías y dar seguridad a los ciudadanos sin rendir cuentas y llegar hasta las últimas consecuencias no se erradicará el problema y seguirá la desconfianza. (Gabriela Minjáres / El Diario)
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