José Pérez Espino/
El Diario
Ciudad de México— El próximo 21 de febrero la Suprema Corte de Estados Unidos escuchará argumentos orales sobre la protección contemplada en la Cuarta Enmienda de la Constitución federal para determinar si la familia del juarense Sergio Adrián Hernández Güereca tiene derecho a demandar a la Patrulla Fronteriza, informó el despacho que presentó el recurso.
Una Corte federal de apelaciones resolvió que los deudos del adolescente no pueden demandar al agente que lo asesinó hace siete años, por lo que una firma de abogados llevó el caso ante la máxima instancia judicial.
“Nuestra Constitución es lo suficientemente fuerte para proteger a los más vulnerables e inocentes de nuestros vecinos del sur”, dijo Bob Hilliard, representante de la familia del adolescente.
“La Cuarta Enmienda prohíbe el uso injustificado de la fuerza mortal”, afirmó.
En consecuencia solicitaron que la Suprema Corte resuelva si la Constitución de la Unión Americana protege a los no ciudadanos que son víctimas de la fuerza excesiva por parte de una agencia estadounidense, señaló.
El 7 de junio de 2010, el oficial Jesús Mesa Jr. disparó dos veces en contra del joven, quien se encontraba en el lado mexicano debajo del Puente Negro, en Ciudad Juárez, argumentando que fue atacado a pedradas.
El juez David Briones desechó las demandas en contra del agente de la Patrulla Fronteriza, una el 15 de agosto de 2011 y otra el 17 de febrero de 2012, por considerar que el mexicano se encontraba en la parte de Ciudad Juárez cuando fue asesinado.
El 23 de abril de 2015, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito determinó que Mesa Jr. no puede ser demandado por la familia del adolescente.
Sin embargo, la firma texana que representa al mexicano llevó al caso a la Suprema Corte, lo que dio un giro al caso.
“Ciudadanos mexicanos inocentes han sido asesinados y sus familias no han tenido ningún recurso a través del sistema legal para obtener justicia”, dijo en un comunicado Bob Hilliard, socio fundador del despacho Hilliard Muñoz Gonzales con sede en Corpus Christi, Texas.
Agregó que “agentes fronterizos han disparado a través de la frontera y matado al menos a ocho mexicanos desde 2006, según registros del gobierno. Hasta ahora, todos los intentos de responsabilizar a estos agentes por sus acciones han fracasado, porque las víctimas eran ciudadanos mexicanos que se encontraban en suelo mexicano”.
También recordó que una decisión anterior del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos desestimó los esfuerzos para llevar a los responsables de la muerte de Sergio a la justicia.
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