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El Diario
El abogado de la empresaria Adriana Ríos Acosta, detenida el jueves pasado al mediodía por la agente de apellido Luévanos, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida (Ueidcv) interpuso un amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito para requerir a la Fiscalía General del Estado (FGE) información de la investigación contra su representada.
Esto debido a que luego de ser retenida, presuntamente en forma ilegal, el Ministerio Público no le expuso el motivo de su arresto ni el presunto delito cometido y por el cual fue requerida con el uso de la fuerza pública, dijo su representante legal.
El litigante, quien solicitó la reserva de su nombre, declaró que tras ser liberada, Ríos Acosta acudió ante Asuntos Internos para denunciar la actuación de los oficiales, en especial de la agente Luévanos, pero el agente del Ministerio Público Francisco Medina afirmó que no procedía la acusación y se negó a abrir la carpeta de investigación, por lo que la empresaria optó por interponer la denuncia por abuso de autoridad y los delitos que resulten.
Ayer se solicitó a través del área de Comunicación Social una entrevista con el fiscal Jorge Nava López, responsable de esta representación social, pero el vocero Alejandro Ruvalcaba dijo que se desocupaba hasta en la tarde.
Agregó que en torno a este caso sí había información, sin embargo, no la tenía al momento de serle solicitada.
Ayer la empresaria hizo público el video de su arresto registrado en su negocio ubicado en la avenida 16 de Septiembre y además mostró las fotografías de las marcas que le dejaron las esposas que le colocó la agente Luévanos, apodada ‘la Negra’.
El jueves pasado trascendió que la oficial fue detenida, sin embargo, el vocero aseguró que no hubo tal arresto.
En entrevista a El Diario, el portavoz de la FGE dijo que el verdadero problema es que las empresas funerarias “andan peleándose a los muertos y si incurren en prácticas ilegales van a ser sancionados, es importante que las funerarias respeten los protocolos y sobre todo en los casos donde hay menores”.
Este debido a que la primera versión de los hechos que dio a esta casa editora referían que la funeraria Ríos había levantado el cadáver de un niño que falleció de probable broncoaspiración, sin embargo, poco después corrigió la información y dijo que el problema inició por el deceso de una mujer mayor de 60 años.
Trascendió que son los propios agentes de esta Unidad quienes han impuesto cuotas hasta de 6 mil pesos por cadáver para favorecer a determinadas compañías funerarias y el reclamo de una de estas empresas por la contratación del servicio a Ríos fue lo que ocasionó la intervención directa del jefe policiaco.
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