Luz del Carmen Sosa
El Diario
Probables pugnas entre funerarias desató un conflicto entre personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la propietaria de la empresa Funeraria Ríos, quien fue privada de su libertad, al parecer en forma ilegal, por agentes ministeriales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida (UEIDCV).
Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado, informó que los agentes ministeriales presentaron a la empresaria Adriana Ríos Acosta a declarar ante el Ministerio Público, después de que ella ordenó el levantamiento del cuerpo de un infante de tres meses que falleció por supuesta broncoaspiración.
Sin embargo, la Policía Municipal informó que en este caso sí llegó la Policía Ministerial Investigadora y el personal especializado en la escena del crimen que realizaron el levantamiento del cadáver poco después de las 13:00 horas.
La información proporcionada por el portavoz fue errónea, ya que en ese momento la empresaria ya había sido trasladada esposada a la FGE, por lo que posteriormente corrigió la primera versión y expuso que se trataba del cuerpo de una persona de la tercera edad que si bien falleció por causas naturales, debe ser el personal del Servicio Médico Forense el que haga el levantamiento del cuerpo.
“La agente del Ministerio Público… agentes ministeriales trajeron a esta persona (Adriana Ríos) la cual ya se encuentra fuera del edificio de Fiscalía General”, dijo el vocero, quien posteriormente corrigió la información que emitió inicialmente.
Los investigadores no mostraron una orden de arresto contra Ríos Acosta, denunciaron públicamente familiares de la empresaria detenida y posteriormente liberada.
Informaron que este jueves por la mañana ofrecieron un servicio para una mujer de 71 años que murió por causas naturales en el domicilio ubicado en la colonia Progresista. En ese mismo lugar los deudos contrataron a la Funeraria Ríos, que trasladó el cadáver a la sala de preparación hasta donde se presentó el comandante de la UEIDCV para reclamar la devolución del cadáver, explicaron los quejosos.
Expusieron que Ríos Acosta accedió a entregar el cuerpo siempre y cuando el jefe policiaco firmara un documento en el cual asumía la responsabilidad legal del traslado del cadáver, que iba a ser embalsamado para su posterior servicio fúnebre.
“No quiso firmar nada por lo que el cuerpo no se le entregó, se fue y luego llegaron los ministeriales y sacaron por la fuerza a Adriana Ríos Acosta, a quien llevaron ante el Ministerio Público”, dijo uno de los entrevistados.
Tras obtener su libertad, Ríos Acosta procedió a denunciar a una agente de apellido Luévano y otros por los probables delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y lo que resulte, informaron los entrevistados.
Trascendió que poco después la oficial fue detenida por sus propios compañeros, al existir la flagrancia en la probable comisión de los delitos imputados, sin embargo, el vocero de la FGE descartó el arresto de la oficial.
La detención de Ríos Acosta es motivo de investigación por parte de la FGE, dijo el vocero.
Ruvalcaba Valadez expuso que el verdadero problema es que las empresas funerarias “andan peleándose a los muertos y si incurren en prácticas ilegales van a ser sancionados, es importante que las funerarias respeten los protocolos y sobre todo en los casos donde hay menores”.
Trascendió que son los propios agentes de esta unidad los que han impuesto cuotas hasta de seis mil pesos por cadáver para favorecer a determinadas compañías funerarias y el reclamo de una de estas empresas por la contratación del servicio a Ríos fue lo que ocasionó la intervención directa del jefe policiaco.
La familia de la mujer fallecida por enfermedad espera velar a su ser querido en las próximas horas.
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