Luz del Carmen Sosa/
El Diario
Probables pugnas entre funerarias desató un conflicto entre personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la propietaria de la empresa Funeraria Ríos, quien fue privada de su libertad, al parecer en forma ilegal, por agentes ministeriales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida (Ueidcv).
Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado, informó que los agentes ministeriales presentaron a la empresaria Adriana Ríos Acosta a declarar ante el Ministerio Público, después de que ella ordenó el levantamiento del cuerpo de un infante de tres meses que falleció por supuesta broncoaspiración.
Los investigadores no mostraron una orden de arresto contra Ríos Acosta, denunciaron públicamente familiares de la empresaria detenida y posteriormente liberada.
Informaron que el jueves por la mañana ofrecieron un servicio para una mujer de 71 años que murió por causas naturales en el domicilio ubicado en la colonia Progresista. En ese mismo lugar los deudos contrataron a la Funeraria Ríos, que trasladó el cadáver a la sala de preparación hasta donde se presentó el comandante de la Ueidcv para reclamar la devolución del cadáver, explicaron los quejosos.
Expusieron que Ríos Acosta accedió a entregar el cuerpo siempre y cuando el jefe policiaco firmara un documento en el cual asumía la responsabilidad legal del traslado del cadáver, que iba a ser embalsamado para su posterior servicio fúnebre.
“No quiso firmar nada por lo que el cuerpo no se le entregó, se fue y luego llegaron los ministeriales y sacaron por la fuerza a Adriana Ríos Acosta, a quien llevaron ante el Ministerio Público”, dijo uno de los entrevistados.
Tras obtener su libertad, Ríos Acosta procedió a denunciar a una agente de apellido Luévanos y otros por los probables delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y lo que resulte, informaron los entrevistados.
La detención de Ríos Acosta es motivo de investigación por parte de la FGE, dijo el vocero.
Ruvalcaba Valadez expuso que el verdadero problema es que las empresas funerarias “andan peleándose a los muertos y si incurren en prácticas ilegales van a ser sancionados.
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