H. Carrasco/
El Diario
Una intensa jornada de protestas se vivió ayer en la Unidad Administrativa “José María Morelos y Pavón”, la cual fue tomada por cientos de manifestantes que en protesta por el costo de la revalidación vehicular, bloquearon los cuatro accesos del edificio.
También obstruyeron las puertas de unas 10 dependencias obligándolas a cerrar y mantuvieron privadas de la libertad a cientos de personas del público, personal administrativo y hasta a periodistas.
La lideresa de los manifestantes, la abogada Susana Prieto Terrazas, dijo que la intención es mantener tomado el edificio hasta que las autoridades estatales acepten el pago del trámite que ellos proponen, de sólo 388.78 pesos. El costo normal es de 1,231 pesos.
Las protestas iniciaron alrededor de las 10:00 de la mañana y se mantuvieron durante todo el día. Hasta el cierre de edición la abogada y sus seguidores pernoctaban en el inmueble bajo la amenaza de continuar con las protestas hoy.
Decenas de elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal permanecieron en el interior del edificio, pero se limitaron a observar y no intervinieron ni cuando varias personas les pidieron ayuda porque quedaron prácticamente secuestradas en las oficinas.
Reclaman ‘pago justo’
El conflicto inició cuando la abogada Susana Prieto convocó a la ciudadanía a acudir el 31 de enero a las 9:00 horas a Recaudación de Rentas y pagar solamente 388.78 pesos de revalidación vehicular.
Esa cantidad fue estimada como “el pago justo” que deben hacer los ciudadanos, por una organización de la ciudad de Chihuahua que se llama “Retén Ciudadano”, informó la abogada.
El cobro oficial por ese trámite es de mil 231 pesos e incluye Derecho de Control Vehicular, Impuesto Universitario, Contribución a la Cruz Roja y Tarjeta de Circulación.
La lideresa acudió con unos 500 seguidores y exigió que las autoridades estatales les recibieran pagos de 388 pesos por todos esos conceptos y que fuera el pago final.
El recaudador de rentas, Sergio Nevárez Rodríguez, informó que los 388 pesos se podían recibir solo como “depósito en garantía”, es decir, como abono de la revalidación vehicular, pues no tiene facultades para recibirles un pago inferior al cobro oficial establecido por el Congreso del Estado.
Y hasta que liquiden el pago total de la revalidación vehicular, se les entregará la tarjeta de circulación correspondiente.
Luego se asignaron las cajas 18 y 19 exclusivamente para que los cientos de manifestantes pagaran los 388 pesos y que no se mezclaran con los ciudadanos que acudían a pagar normalmente.
Pero cuando se les dio el primer recibo y los protestantes vieron que no tenía los conceptos mencionados ni les entregaron la tarjeta de circulación, la lideresa ordenó a sus seguidores bloquear los cuatro accesos al inmueble.
También dispuso que cerraran las puertas de varias oficinas públicas y que las bloquearan, de modo que decenas de personas fueron privadas de su libertad.
Durante la jornada, los manifestantes quisieron entrar a las oficinas de Recaudación de Rentas y tuvieron una serie de enfrentamientos verbales y hasta empujones con ciudadanos que estaban allí desde las 4 de la mañana y que hacían fila, pues era el último día para recibir un descuento de 700 pesos.
Raúl Gómez Calzada, profesor de secundarias generales, dijo que llegó desde las 6 de la mañana y cuando ya iba a entrar a Recaudación, los manifestantes llegaron con la intención entrar primero y sin respeto a las personas que estaban en la fila.
“¡No es justo que hagan esto estas personas, estos pseudolíderes que vienen a interrumpir! ¿Qué quiere negociar, de dónde quiere sacar provecho para venderlo?’, le dijo a la abogada. “¡Que avance la línea, por favor, no se vale que una persona sin escrúpulos juegue con los sentimientos del pueblo!”. “No use la bandera de la crisis para sacar provecho, vaya y manifiéstese en el Congreso, vaya con los diputados y haga su petición, pero no juegue con el pueblo”, le espetó.
La abogada se quedó callada.
Las puertas de acceso al edificio fueron abiertas después de las 13:00 horas, pero varias dependencias siguieron bloqueadas.
Este fue el caso de la Oficina de Licencias Digitales, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Educación, Registro Civil, Coesvi, Ichife, Representación del Gobernador, Economía y otras.
A las 4 de la tarde, todavía el personal de la Oficina de Licencias Digitales, Recaudación de Rentas y Representación del Gobernador seguía privado de la libertad.
Un abogado que es asesor de la Representación del Gobernador fue también privado de la libertad durante varias horas por los manifestantes, cuando pasó por ese lugar y lo retuvieron.
A la protesta acudieron los militantes de varias agrupaciones de izquierda, en lo que se denominó un “conglomerado colectivo”.
A causa del bloqueo a las actividades, las arcas estatales dejaron de captar entre 7 y 8 millones de pesos tan solo en Recaudación de Rentas, dio a conocer la dependencia.
Van vs abogada que incitó protestas
Dos empleados de Gobierno del Estado que fueron retenidos por manifestantes en las oficinas del complejo administrativo “José María Morelos y Pavón”, pondrán su denuncia ante Fiscalía.
Enrique Valenzuela, asesor jurídico del subsecretario de gobierno en Ciudad Juárez y otro empleado de la dependencia estuvieron retenidos por los manifestantes por casi tres horas en las escaleras del edificio, dijeron.
Ramón Galindo Noriega, subsecretario de Gobierno, informó que por la tarde dieron fe ante notario público de la privación de la libertad de los dos servidores públicos.
“Vino un notario público y se especifica que fueron privados de la libertad esos dos servidores. Mañana nos va a entregar un acta certificada y servirá para interponer una denuncia de hechos”, dijo.
Expuso que una vez que cuenten con el acta por parte del notario público acudirán a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia en contra de Susana Prieto Terrazas, debido a que encabezó parte del movimiento en protesta, y en contra de quien resulte responsable.
Galindo refirió que los empleados fueron liberados, sin utilizar la fuerza pública.
Agregó que la privación de la libertad de los empleados se realizó en presencia de cientos de testigos, además de agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que se encontraban resguardando el edificio.
“Vamos a considerar la posibilidad de integrar a la denuncia que estuvieron impidiendo la entrada y salida de personal y de usuarios de las oficinas, pero vamos a considerar integrar”, añadió. (Horacio Carrasco / El Diario)
hcarrasco@redaccion.diario.com.mx
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