S. Castro/H. Carrasco/
El Diario
Tras asumir Donald Trump la Presidencia de Estados Unidos, la Casa Blanca definió entre las prioridades del nuevo Gobierno la deportación de inmigrantes con récord criminal, lo que encendió una alerta aquí, donde ya se advierte del impacto que esa acción puede tener en la seguridad de Juárez.
Siempre es un riesgo la deportación de quienes tienen una personalidad criminal, sobre todo cuando se envía a un país donde no hay oportunidades económicas, donde la Policía no es muy eficiente y hay mucha corrupción, dice el criminólogo Oscar Máynez.
Sin embargo, el alcalde Armando Cabada Alvídrez se muestra escéptico de que se dé esa expulsión y en especial de personas con antecedentes.
“No creo que esto suceda, los políticos norteamericanos que conocen su Gobierno nos dicen que es imposible que las cosas se modifiquen así de manera tan radical”, afirmó.
En tanto que el gobernador Javier Corral anunció que desde Juárez se desplegará un programa, junto con las autoridades federales y municipales, para apoyar a los connacionales que sean repatriados, de manera forzada o voluntaria.
“Nos preparamos a atender el posible fenómeno de la repatriación”, que puede ser masiva o simplemente presentar un aumento, dijo al anunciar que se va a cambiar la sede del Consejo Estatal de Población a esta ciudad donde operará como un centro de apoyo al migrantes.
Sin embargo, el abogado Antonio Rivera Velarde expone que la expulsión de inmigrantes con antecedentes se convierte un problema porque “ni el gobierno ni las instituciones municipales, del Estado y de la federación están preparadas para recibir a connacionales que sean deportados masivamente a esta ciudad, al estado y al país”.
Las consecuencias en Ciudad Juárez de ese tipo de deportaciones se resintieron con mayor fuerza hace unos ocho años, durante la administración de José Reyes Ferriz, cuando se convirtieron en foco rojo debido a que los repatriados se envolvieron en actividades delictivas en la ciudad principalmente, por la falta de dinero al momento que llegan a esta localidad.
Entonces las cosas se complicaron porque coincidió con el período de mayor violencia en esta localidad, lo que obligó a las autoridades locales a llevar a cabo negociaciones para que las deportaciones por aquí se canalizaran por otras comunidades.
Ahora de nuevo se enciende la alerta por la llevada de un nuevo gobierno a la Casa Blanca que contempla entre sus prioridades expulsar a inmigrantes que están en las cárceles.
“Lo que deberían hacer es que cuando los deporten nos avisen a quienes está enviándonos, o sea que los deporten con todo y expediente, para que el gobierno mexicano tenga la posibilidad de dar seguimiento a estas personas; y es que van a vaciar las cárceles de criminales más peligrosos y van a representar un riesgo”, dijo Máynez.
A su vez el abogado Rivera Velarde, señaló que los connacionales al ser deportados pierden todo, vienen sin dinero, algunos sin familia, ni arraigo a esta ciudad, por lo que existe una alta posibilidad de que algunos delincan, ya sea por necesidad, o porque sí se dedican a la delincuencia, al crimen organizado. “Esto es peligroso” afirmó.
“No sabemos todavía quiénes, cómo ni en calidad de qué vengan, aunque sabemos que entre los connacionales que pudieran ser deportados viene todo tipo de gente”, mencionó a su vez Jaime Rodríguez Gutiérrez, presidente entrante de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, quien dijo que su agrupación puede colaborar con autoridades ante ese fenómeno. (Salvador Castro / Horacio Carrasco / El Diario)