Blanca Carmona/
El Diario
Los dos agentes ministeriales que presuntamente permitieron la fuga de un detenido, ayer fueron presentados ante un Tribunal de Control acusados de dos conductas delictivas, denegación o retardo de justicia y prevaricación, así como evasión de presos.
Los agentes de la Policía Estatal Única (PEU) División Investigación acusados son Rafael C. G. y Eduardo C. O, quienes afirman que la persona que se escapó no estaba formalmente ingresada pues aún se encontraba bajo la custodia de los agentes que lo aprehendieron y éstos todavía estaban corrigiendo el parte informativo.
Por su parte la Fiscalía al presentar cargos en contra de ambos servidores públicos, a través de un agente del Ministerio Público (MP), los acusó de que el viernes pasado entre las 11:30 y las 11:55 horas en las instalaciones del Centro de Detención Provisional y Resguardo de la Fiscalía General del Estado Zona Norte ubicado en Eje Vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, permitieron que se fugara.
“Ya tenían bajo su resguardo y custodia a Víctor Manuel García Tarango, quien se encontraba en calidad de detenido por su posible participación en el ilícito de privación de la libertad y lo que resultare dentro de la carpeta de investigación 1316/2017, siendo en ese momento que los ahora imputados favorecieron la evasión de la persona, quien legalmente se encontraba privada de su libertad y logró salir de las instalaciones de la Fiscalía, desconociendo hasta este momento (ayer) su paradero”, dijo el fiscal Francisco Javier Guerrero Olivas.
El representante social indicó que debido a su cargo los ministeriales tenían la obligación de vigilar y custodiar al detenido pero no lo ingresaron a celdas, no lo esposaron, ni implementaron otra medida de seguridad o restricción aunque debieron prever que podría escapar. A las 11:54 horas de ese día, García Tarango cruzó el arco de entrada de la Fiscalía y salió del inmueble.
“Con esta omisión los ahora imputados ejecutaron un acto que dañó jurídicamente los derechos de la ciudadana Miriam Marisol Hernández Rivera, quien en su calidad de víctima del delito de privación ilegal de la libertad o lo que resultare tenía un derecho a una investigación pronta y eficaz que llevara a la identificación y enjuiciamiento del responsable”, precisó el fiscal, quien también refirió que la sociedad es la otra víctima de la presunta conducta de los ministeriales.
El fiscal clasificó la presunta conducta de los agentes Rafael y Eduardo como constitutiva, delito de denegación o retardo de la justicia y prevaricación prevista en el Artículo 286 fracción III del Código Penal del Estado de Chihuahua. En donde se señala que se impondrá una pena de dos a seis años, inhabilitación por diez años para obtener o ejercer un cargo público y una multa de 50 a 250 días a quien “ejecute un acto o incurra en una omisión que dañe jurídicamente a alguien o le conceda una ventaja indebida”.
El fiscal también acusó a los policías del ilícito de evasión de presos configurado en el Artículo 300 y agravada de acuerdo al apartado 302 fracción II del mismo Código, esta última se refiere a que el responsable del delito sea un servidor público en funciones de custodia.
Además el agente del MP dijo que la responsabilidad de los elementos es en comisión por omisión, es decir, no cumplieron con el deber que les correspondía.
Por su parte, los abogados defensores indicaron que la orden de aprehensión contra los ministeriales se solicitó y se ejecutó cuando ellos se encontraban sujetos a un arresto administrativo además afirmaron que pueden enfrentar el proceso penal en libertad pues tienen arraigo en la ciudad, un domicilio y trabajo.
Al resolver el juez Félix Aurelio Guerra Salazar consideró que de ser encontrados culpables la pena a imponer sería de diez a 36 años de cárcel y por ello existe el riesgo de que se sustraigan y para asegurar su presencia a juicio les impuso dos años de prisión preventiva.
En la diligencia estuvieron presentes funcionarios de Asuntos Internos de la Fiscalía.
bcarmona@redaccion.diario.com.mx
@