Blanca Carmona/
El Diario
Tres acusados de extorsión agravada que llevaban 5 años presos sin ser sentenciados, enfrentarán ahora su juicio en libertad al concederles un juez el amparo.
Con este recurso –el primero en su tipo otorgado a los reos del fuero común– los detenidos evadieron el arraigo.
Actualmente 90 personas están privadas de la libertad en el Centro Estatal de Arraigos que administra Gobierno del Estado a través de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en espera de una sentencia. Gran parte de los procesos parten de hechos ocurridos desde 2012, 2013 y 2014.
Los veredictos se han retrasado debido a que en el Distrito Judicial Bravos, con cabecera en esta ciudad, más de 200 juicios orales están rezagados.
Los acusados Marco Antonio García Hernández, Andrés de Jesús Piceno Venegas y José Eduardo Ibarra Alvídrez acuden de forma voluntaria al juicio oral 182/13, aunque de ser encontrados culpables serían sentenciados a una pena que va de 30 hasta 70 años de cárcel.
El Juzgado Séptimo de Distrito determinó que era ilegal el arraigo al que estaba sujeto García Hernández, al señalar que los jueces del fuero común no tienen competencia para aprobar arraigos, ya que esa figura está reservada para jueces federales en casos de delincuencia organizada.
El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado interpuso el recurso de revisión contra el amparo, pero el Tribunal Colegiado del Séptimo Décimo Distrito desechó la petición, por lo que el recurso 496/16-III quedó firme el pasado primero de diciembre.
Un Tribunal de Enjuiciamiento, conformado por los jueces Aída Vázquez Arreola, Luis Calderón y Arnulfo Arellanes Hernández, ordenó la libertad de los otros dos procesados.
El lunes pasado, a unos días de que venciera el último arraigo aprobado con anterioridad a estas dos personas, el Tribunal revisó el caso.
Tomando en cuenta que en el amparo otorgado a García el juez federal ordenó que a él se le impusiera una medida cautelar que no fuera privativa de libertad –dado que la ley permite como máximo dos años de prisión preventiva– se levantó el arraigo contra los otros dos sospechosos.
Las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal a los tres acusados son la prohibición de salir de la ciudad, someterse al cuidado y vigilancia de personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y presentarse ante el Tribunal las veces que sean requeridos.
Funcionarios de la Fiscalía de Ejecución han acudido a los domicilios de los procesados casi a diario y el día que no van los propios acusados se han presentado ante el Tribunal para informar que no hay vigilancia.
Las tres personas fueron detenidas el 7 de mayo de 2012 por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
Estaba previsto que el juicio iniciara el 13 de abril de 2015, pero García Hernández, Piceno Venegas e Ibarra Alvídrez denunciaron que habían sido torturados al momento del arresto y solicitaron que se aplicara el Protocolo de Estambul.
El Protocolo resultó positivo para los tres acusados.
En la acusación presentada por el MP el 30 de octubre de 2013 en contra de los tres hombres, se señala que un año y medio antes al dueño de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia El Granjero le dejaron un papel donde le ordenaban comunicarse de forma urgente a un número telefónico. Al llamar, a la víctima le exigieron pagar 12 mil pesos de derecho de piso y le ordenaron que cada mes entregara mil 500 pesos para evitar que le causaran un daño a él, a su familia y quemaran su negocio.
El afectado entregó 10 mil pesos y mil 500 pesos y luego negoció pagar mil pesos mensuales, Pero al no poder sostener esa erogación pidió ayuda a Seguridad Pública. (Blanca Carmona / El Diario)