Fernando Aguilar/
El Diario
Representantes de varios colegios de abogados de la ciudad reprobaron que el Estado mantenga en arraigo a 90 detenidos aquí debido a que existen otras herramientas no violatorias de los derechos humanos que pueden agotarse en las investigaciones. En su opinión esto es “un claro síntoma” de que el sistema de justicia está colapsado.
Quienes que se encuentran en esta situación cumplieron ya con los dos años de prisión preventiva que dicta la ley para que una persona sea sentenciada, pero siguen esperando que un tribunal establezca si son culpables o inocentes.
Aunque no ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el arraigo es una medida cuestionable a la que la autoridad investigadora apela con discrecionalidad de manera abusiva, consideró Jorge Arturo Echavarría Cruz, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.
“Es una figura que requiere extraerse del sistema jurídico”, dijo el líder. “La autoridad investigadora debe dejar de prescindir de él. No es inconstitucional, pero atenta contra la libertad de la persona y para exigir un derecho no se puede violar otro”.
Desde su punto de vista, la experiencia ha demostrado la ineficacia del arraigo en la investigación del delito, por lo que su aplicación y su concesión de parte de los jueces deben cuestionarse.
A su vez, Alba Herlinda Flores Domínguez, presidenta de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, rechazó la actuación del Estado al considerar que el tiempo durante el cual lo mantiene vigente lo convierte en una detención ilegal.
“En mi opinión, por supuesto que es ilegal. No estamos hablando de arraigo. Arraigo constitucional es el que se realiza en la etapa de investigación y el arraigado tiene que estar en su domicilio durante la etapa de investigación. En lugar de darle prisión preventiva, le darían, dependiendo del delito, que esté en su casa mientras se hace la investigación”, dijo la abogada.
Opinó que, si hasta ahora las personas que cumplieron dos años en prisión preventiva están bajo la figura del arraigo, los jueces y el Ministerio Público que no cumplieron en tiempo lo que ordena la normatividad nacional deben recibir una sanción.
“Lo que se debería haber hecho era usar más las salidas alternas, la justicia alternativa, los juicios abreviados, los acuerdos reparatorios, todo lo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales para no llegar a colapsar el sistema como lo están haciendo”, comentó.
Para Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez, la situación es “un claro síntoma” del colapso.
“El arraigo resulta violatorio de los derechos humanos. Es una consecuencia del colapso en que ha entrado el nuevo sistema de justicia, porque está tan mal diseñado que requiere de muchos juzgadores, de mucho personal de alta calificación para poder funcionar”, consideró.
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