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Va Estado vs ruteros rebeldes

H. Carrasco/A. Castañón/
El Diario

2017-01-13

El Departamento de Transporte Público inició el procedimiento para cancelar ocho concesiones a permisionarios que aumentaron la tarifa sin autorización oficial, informó el jefe de esa oficina en la Zona Norte, Víctor Hugo Estala Banda.

Además de esa medida, los ruteros deben cubrir multas superiores a 7 mil pesos, dijo.
Señaló que desde el jueves poco antes del mediodía decenas de transportistas que habían subido de 7 a 10 pesos el cobro por pasajero regresaron al orden en cuanto los inspectores les incautaron ocho camiones.
El alza se dio en las rutas Oriente-Poniente, Poniente-Sur, 2 Lázaro, 3-A, Juárez-Aeropuerto, Kilómetro 30 y Riberas del Bravo, entre otras.
El funcionario dijo que ayer todas las líneas “amanecieron respetando las tarifas oficiales” de 7 pesos y de 3.50 para estudiantes y adultos mayores.
“Los inspectores de la dependencia comenzaron a laborar muy temprano para detectar cualquier violación y estuvieron muy atentos, pero los transportistas ya se portaron bien”, expresó Estala Banda.
Dio a conocer que fueron ocho camiones de las líneas Poniente-Sur, 2 Lázaro y Juárez-Zaragoza los que recogieron y fueron canalizados a los corralones municipales.
“Nunca se ha cancelado una concesión en esta ciudad en la historia del transporte urbano de pasajeros, pero ya es tiempo de actuar”, advirtió.
El funcionario dijo que ya se está revisando la ley y la responsabilidad que resulta por aplicar el cobro de manera unilateral.
“El operativo de vigilancia es diario y se va a mantener para detectar también camiones a exceso de velocidad, autobuses contaminantes y los que estén en malas condiciones”, expresó.
El jueves, Antonio Herrera Sánchez, jefe del Departamento Jurídico de Transporte Público, dijo que elevar las tarifas sin autorización oficial constituye una falta muy grave.
Por lo tanto, de acuerdo con el inciso “k” del artículo 47 de la Ley de Transporte Público y sus Vías de Comunicación, se procede a elaborar los expedientes para cancelar esas concesiones.
Apenas en diciembre de 2015 se autorizó la tarifa de 7 y 8 pesos por pasajero, recordó. La primera para modelos antiguos y la segunda para los 2016 como el ViveBús.

Frena Estado colaboración municipal para transporte: Cabada

El alcalde Armando Cabada Alvídrez aseguró ayer que el Estado no permite la colaboración del Municipio en el ordenamiento del servicio de transporte público.
Agregó que la única forma para que opere la segunda ruta troncal del transporte semimasivo es que el Gobierno local participe de manera directa.
Cabada hizo esas declaraciones ayer al cuestionarlo sobre la participación del Municipio para mejorar al transporte público, como anunció el jueves pasado en Facebook.
“Quisiéramos poder coadyuvar, quisiéramos poder ordenar ese tema, a nosotros nos compete porque el problema es en Ciudad Juárez. Es un asunto que está viendo el Gobierno del Estado, nosotros no”, expresó.
Sobre la petición que iba a hacer para que el Municipio opere el transporte público, dijo que el Estado no dio esta oportunidad.
“No ha avanzado, no lo ven viable en el Estado, insistiré”, señaló.
El pasado jueves el alcalde publicó en su cuenta personal de Facebook que la Dirección General de Tránsito se coordinó con el departamento de Transporte Público para infraccionar a las rutas que no contaban con el engomado ecológico y se aplicaron 42 multas.
“Respondiendo a la gran cantidad de denuncias de las unidades de Transporte Público que circulan en pésimas condiciones, se realizaron revisiones aleatorias para comprobar que cuentan con la verificación vehicular y engomado ecológico vigente”, expuso en la red social.
Cabada dio a conocer anteriormente que iba a solicitar al Estado la operación del transporte público, a fin de mejorarlo, porque aunque se ha avanzado con el ViveBús el rezago aún es mayor.
Estas declaraciones las hizo en julio pasado, cuando todavía era presidente municipal electo.
Aseguró que iba a solicitar la competencia del Transporte Público, aunque primero se iban a revisar aspectos legales. (Horacio Carrasco / Araly Castañón / El Diario)

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