Luz del Carmen Sosa
El Diario
Abogados penalistas rompieron acuerdos con la Fiscalía General del Estado y buscarán el diálogo con el gobernador Javier Corral Jurado, ante lo que llamaron “una falta de palabra” del coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro Silva Amezcua.
Casi una hora antes los litigantes otorgaron un voto de confianza al servidor público, quien se comprometió a dar estricto cumplimiento a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que pedirán su remoción y de la coordinadora del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), Paola Ivette Castor Molinar.
José Antonio Navarro Castañeda, secretario de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, dijo que desafortunadamente Silva Amezcua carece de palabra, ya que poco después de concluir la reunión otro integrante de esta asociación fue rechazado de la Unidad de Narcomenudeo por no ir acompañado de un familiar del acusado.
Recordó que el Artículo 20 de la Constitución apartado B fracción VIII dice: “Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”.
El Artículo 113 fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) también establece la libertad de los detenidos para nombrar abogados, lo que impidió la agente del Ministerio Publico Castor Molinar, según dijo Navarro Castañeda.
El Diario buscó una entrevista con los dos servidores públicos implicados y con el fiscal en la zona norte, Jorge López Nava, pero no hubo respuesta a la solicitud realizada a través del área de Comunicación Social.
Desde el inicio de semana los litigantes denunciaron actos de corrupción en la Unidad de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado Zona Norte.
Señalaron que se les impide asumir la defensa de los detenidos a pesar de que los familiares los contratan.
Aseguraron que los agentes del Ministerio Público (MP) piden de 5 mil a 10 mil pesos para dejar en libertad a los arrestados, indicándoles que no requieren un abogado y que los sospechosos pueden quedar en libertad dentro del término de las 48 horas, siempre y cuando entreguen el dinero.
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