Cinthya Ávila/
El Diario
La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) lanzó una contrapropuesta al acuerdo presentado por el presidente Enrique Peña Nieto, en el que urgen principalmente a detener los gasolinazos, ajustar las tarifas del IEPS y permitir a las empresas la deducción al 100 por ciento de las prestaciones laborales.
Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de Coparmex en Ciudad Juárez, dijo que en el caso de Juárez la economía sigue lacerada por la homologación del IVA al 16 por ciento, por lo que urge un plan con líneas de acción claras y medibles.
Señaló que además el presidente solicitó al sector empresarial no aumentar precios de sus productos o servicios, cuando la situación es cada vez más complicada.
“Nos piden no subir precios, pero quiero ver cómo le vamos a hacer con un diésel más caro. Ya estamos absorbiendo los impactos del dólar. Esto no puede seguir así”, declaró Andrade.
Sánchez Mejorada mencionó que mientras el Gobierno traslada la mayor parte de la carga a los consumidores y a la iniciativa privada, pero no se ve que a nivel político se estén haciendo los ajustes necesarios.
El pacto para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar fue rechazado por Coparmex, al considerarlo improvisado e insuficiente.
Jesús Andrade dijo que el organismo a nivel nacional propone diferentes líneas para incluirlas en el pacto.
Entre las propuestas del organismo están detener los gasolinazos, ajustar las tarifas del IEPS y eliminar por lo menos la mitad de los 37 programas sociales duplicados detectados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El sector patronal también demanda que se permita la deducción al 100 por ciento de las prestaciones laborales, por ser uno de los aspectos que más perjudica las finanzas privadas.
Guadalupe De la Vega Arizpe, presidenta de la Federación Chihuahua de Coparmex, dijo que a esto se suma el panorama de los llamados a saquear comercios, que está pegando a la economía local.
En el caso del grupo que maneja mencionó que las tiendas también se han visto obligadas a cerrar operaciones, por temor a ser vandalizados.
Recordó que el empleo del estado depende de la inversión extranjera y si los corporativos ven riesgo por las manifestaciones o atracos siempre tendrán un plan B.
“No podemos tomarlo a la ligera. Hay que meditar mucho este tipo de decisiones y cuidar el empleo que tenemos”, añadió.
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