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Acusan corrupción en Fiscalía

Blanca Carmona/
El Diario | Miércoles 11 Enero 2017 | 00:01:00 hrs

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Litigantes de la Asociación de Abogados Penalistas denunciaron actos de corrupción en la Unidad de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado Zona Norte.

Señalaron que se les impide asumir la defensa de los detenidos a pesar de que los familiares los contratan.

Aseguraron que los agentes del Ministerio Público (MP) piden de 5 mil a 10 mil pesos para dejar en libertad a los arrestados, indicándoles que no requieren un abogado y que los sospechosos pueden quedar en libertad dentro del término de las 48 horas, siempre y cuando entreguen el dinero.

El vocero de la Fiscalía en la Zona Norte, Alejandro Ruvalcaba Valadez, rechazó actos de corrupción en la Fiscalía.

Argumentó que la dependencia no permite que ningún abogado particular se nombre “para proteger los intereses de los imputados”, pues se les evita que paguen por una falsa representación.

El portavoz rechazó que existan actos de corrupción y exhortó a quienes hayan sido víctimas de malas prácticas a presentar la denuncia ya que “la Fiscalía no tolerará ese tipo de acciones”.

“Jurídicamente la Fiscalía actúa conforme a Derecho. No permite que ningún abogado se nombre sin el consentimiento del imputado, muchos se han nombrado y las personas salen, los litigantes cobran sin nombrarse. Por eso quedó eliminado”, afirmó.

Araí Patricia Ramírez González, tesorera de la Asociación de Abogados Penalistas, denunció que el sábado pasado la coordinadora de la Unidad de Narcomenudeo o Centro de Operaciones Estratégicas (COE), Paola Ivette Castor Molinar, les impidió tomar la defensa de Efraín R. M. y Edgar R.G. –dos acusados de posesión simple de droga– aunque presentaron su cédula y fueron contratados por los familiares.

“El Artículo 20 de la Constitución Mexicana en el apartado B fracción VIII establece que desde el momento de la detención todas las personas tienen el derecho de elegir a su abogado, a nombrar una defensa técnica adecuada y la ley no pide que se traiga a la familia ni que sea necesario la autorización de funcionarios de la Fiscalía”, afirmó.

Agregó: “La coordinadora y el personal a su cargo está condicionando el nombramiento de abogado, con lo cual incurren en una violación grave a los derechos de los detenidos”.

En una grabación aportada por Ramírez se escucha a la coordinadora de la Unidad, así como al agente del MP Jesús Castillo, exigir la presencia de los familiares de Efraín y Edgar para que la litigante pueda entrevistarse con ellos a fin de que hagan el nombramiento.

Además en el material el fiscal dice que se requiere que la Fiscalía autorice el nombramiento de abogado y Castor Molinar afirma: “Siempre pedimos familiares lic, tengo cinco años aquí y siempre ha pasado”.

“Yo ya le comenté lic que necesito a los familiares, es una indicación. Yo creo que si la contrataron supongo que fueron los familiares, no creo que tengan inconveniente en venir”, refiere Castor en el audio del cual El Diario tiene una copia.

El Artículo 20 de la Constitución apartado B fracción VIII dice: “Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”.

El Artículo 113 fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) también establece la libertad de los detenidos para nombrar abogados.

Ramírez González agregó que tienen conocimiento de actos de corrupción por parte de la representación social, consistente en pedir de 5 mil a 10 mil pesos a los parientes de los detenidos para dejarlos en libertad en las 48 horas con que cuenta esa autoridad para consignar.

Cuando los familiares entregan el dinero los acusados salen libres y después por sus propios medios deben presentarse a escuchar la formulación de cargos en una audiencia ante el Tribunal de Control.

“Les dicen que no se contraten abogado, que en las 48 horas salen siempre que se consigan de 5 mil a 10 mil pesos”, indicó Ramírez.

El año pasado una persona también denunció que en la Fiscalía estatal le solicitaron dinero para poner en libertad a su familiar y tras entregar el efectivo, el agente del MP le pidió al juez que le permitiera al acusado enfrentar el proceso en libertad, sujeto únicamente a presentarse cada mes a firmar.

En esa ocasión la quejosa dijo desconocer el nombre del fiscal al que le entregó el dinero. (Blanca Carmona / El Diario)

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