José Pérez Espino/
El Diario
Ciudad de México— A un año de su recaptura, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera espera en una celda del Cefereso 9 de Ciudad Juárez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva sobre su extradición a Estados Unidos.
El equipo jurídico del presunto narcotraficante, quien fue considerado el criminal más buscado del mundo después del terrorista Osama bin Laden, solicitó al máximo tribunal del país que atraiga la revisión a los dos amparos que le negó un juez federal.
“Las dos solicitudes se encuentran en trámite, ya están registradas y estamos esperando que se designe a un ministro para que emita el acuerdo correspondiente”, informó el abogado José Refugio Rodríguez Núñez.
Al mismo tiempo, un tribunal colegiado analiza el amparo que un juez federal concedió para que Guzmán Loera sea regresado al penal de El Altiplano, en el Estado de México, a petición de la Comisión Nacional de Seguridad, explicó.
“El Chapo”, señalado por las autoridades como líder del Cártel de Sinaloa, fue capturado por primera vez el 9 de junio de 1993 en el puente internacional del Talismán, sobre el río Suchiate, en Guatemala.
Se escapó por primera ocasión el 19 de enero de 2001 del penal de Puente Grande, Jalisco, oculto en un carrito de lavandería, entre sábanas y un colchón, el cual fue empujado por un empleado de mantenimiento.
Guzmán Loera fue recapturado el 22 de febrero de 2014, en Mazatlán, Sinaloa, por personal de la Secretaría de Marina.
Pero se volvió a fugar, en esta ocasión del penal de alta seguridad El Altiplano, en Estado de México, el 11 de julio de 2015, a través de un túnel.
De nuevo fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016.
En la madrugada del sábado 7 de mayo pasado fue internado en el Cefereso 9 de Ciudad Juárez, donde se encuentra en la actualidad vigilado por un operativo especial de la Policía Federal y el Ejército, en espera de que se resuelva legalmente si es entregado a Estados Unidos o es devuelto al penal de El Altiplano.
El 20 de mayo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno federal autorizó los procedimientos de extradición 8/2015 y 3/2001 promovidos por la embajada de Estados Unidos, ante lo cual interpuso dos demandas de amparo.
Guzmán Loera es acusado en la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas, con sede en El Paso, de 14 cargos relacionados con delincuencia organizada para importar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y una tonelada o más de mariguana, además de lavado de dinero, así como posesión de armas de fuego para fomentar actividades ilícitas y homicidio.
El caso fue presentado el 11 de abril de 2012 en ese tribunal.
El segundo procedimiento se refiere a la petición de una Corte federal para el Distrito Sur de California, con sede en San Diego, que requiere a Guzmán Loera desde 1996 bajo cargos de asociación delictuosa para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos.
En octubre, el juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, negó la protección de la justicia federal a Guzmán Loera para evitar su entrega a Estados Unidos.
En respuesta presentó un recurso de revisión a la negativa de ampararlo, ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde además solicitó que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con Rodríguez Núñez, solicitaron la realización de un ejercicio de convencionalidad entre la jurisprudencia de la SCJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de extradición, a fin de que su cliente sea juzgado en México.
Desde su detención, a través de sus abogados, “El Chapo” se han quejado de maltrato. Su esposa, Emma Coronel, presentó quejas ante la CNDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presuntos actos de tortura en su contra.
Él afirma que se está volviendo loco por la supuesta incomunicación en la que se encuentra, de acuerdo con su defensa jurídica.
El 19 de octubre, José Alberto Rodríguez Calderón, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, informó que un juez federal ordenó aplicar el Protocolo de Estambul a Guzmán Loera, para determinar si el interno es víctima de tortura psicológica.
El examen se realizó a finales de noviembre, pero hasta la fecha no se ha informado del resultado. (José Pérez-Espino / El Diario)
jperez@redaccion.diario.com.mx