Dos de los tres acusados de secuestrar a un estudiante, Daniel Ochoa y José Antonio Salinas Castro, fueron vinculados a proceso penal por un Tribunal de Control que consideró suficientes las declaraciones de los agentes ministeriales que los detuvieron en flagrancia, a uno de ellos minutos después de que presuntamente recogió el dinero del rescate y a otro vigilando a la víctima.
El tercer implicado y presunto líder de la organización, José Miguel Aguilera Solís, pidió agotar el término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, a fin de obligar a que comparezcan los agentes ministeriales que lo acusan pues él afirma haber sido detenido en un lugar diverso al que se establece en el informe de los policías.
Su audiencia quedó programada para mañana jueves.
A todos se les acusa de haber participado en el secuestro de un hombre el 20 de diciembre. La víctima –cuya identidad quedó bajo reserva– fue privada de su libertad al momento que salió de su casa para subir a su automóvil.
Luego fue llevada a una casa de seguridad ubicada en la calle Jaime Nunó número 4465 de la colonia Torreón. Por su libertad, los secuestradores pedían un millón 500 mil pesos.
Después de negociar, el 22 de diciembre se pactó el pago de 61 mil pesos y se acordó que el efectivo sería colocado en el exterior de un negocio de mariscos ubicado en la calle Oasis Revolución.
Al día siguiente el dinero fue dejado en el sitio indicado y agentes ministeriales de la Unidad Antisecuestro implementaron un operativo para resguardar a la persona que dejó el botín y se quedaron a la espera para ver quién recogía el efectivo.
Al lugar llegó un vehículo Dodge Ram modelo 2005 con placas ED-71112 del estado de Chihuahua y uno de los dos ocupantes bajó y recogió el dinero.
Luego el conductor y su acompañante tomaron Eje Vial Juan Gabriel hasta una casa de seguridad ubicada en la calle Jaime Nunó. En el exterior los dos ocupantes de la Dodge fueron detenidos por el grupo de ministeriales que los seguían a distancia.
Los policías también aprehendieron a una persona que se encontraba en el interior del inmueble custodiando a la víctima, al irrumpir en la propiedad.
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