Blanca Carmona/
El Diario
Dos agentes del Ministerio Público están bajo investigación y otro fue multado por omisiones.
En un hecho el MP ocultó datos al juez, en otro se mantuvo frenada por más de un año una indagatoria y en uno más el fiscal fue multado por faltar a audiencia.
En el último caso, registrado ayer, un Tribunal de Control ordenó que se investigue el trabajo de la fiscal Ericka Janeth Rodríguez Ramírez por posibles omisiones y errores cometidos en una investigación por el delito de violación en contra de una menor de 13 años.
La agente omitió decirle al juez Ramón Porras Córdova que la víctima quedó embarazada a raíz del ataque sexual.
También hizo una clasificación equivocada al encuadrar las dos presuntas violaciones que cometió el acusado, bajo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), aunque al momento del primer hecho esa ley aún no estaba vigente.
Debido a ello, el juez dictó ayer auto de no vinculación a proceso por la primera violación presuntamente cometida en mayo del presente año.
En la formulación de cargos presentada por la fiscal Rodríguez en contra de Rodolfo Beltrán Morales, señaló que en mayo y junio del 2016 en el interior de una casa ubicada en la calle Volcán Verde del fraccionamiento Parajes de San Isidro, Beltrán agredió sexualmente a una menor de 13 años de edad cuya identidad quedó bajo reserva judicial.
De la declaración de la víctima, el juez extrajo que la segunda violación sucedió en los últimos días del mes de junio. Pero la fiscal no lo especificó en su exposición, dato que era importante porque el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) entró en vigor el 13 de junio.
En su resolución, el juez refirió que se dictaba auto de no vinculación a proceso por los hechos correspondientes a mayo debido a que en esa fecha estaba vigente el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua y no el CNPP que citó la representante social.
Porras Córdova también dictó auto de vinculación a proceso por la presunta violación sucedida en junio y le llamó la atención a la fiscal al decirle que al momento de formular cargos debió haber dicho que la víctima se encuentra embarazada para proteger posibles derechos, como una pensión alimenticia para el bebé que espera la menor.
Luego el juez ordenó que el órgano de control interno de la Fiscalía General del Estado investigue el trabajo realizado por la representante social pues consideró que su actuar vulneró las garantías de la víctima.
En otro caso, el jueves de la semana pasada, un Tribunal de Control ordenó que otra agente del Ministerio Público sea investigada por la posible configuración del delito de retardo en la administración de la justicia, pues durante un año, dos meses y seis días mantuvo inactiva una carpeta de investigación seguida a una persona que está recluida en el penal acusada de violencia familiar.
En este asunto, el 16 de octubre del 2015 terminó el plazo para la investigación complementaria y el paso siguiente era que se presentara el escrito de acusación.
Sin embargo, la fiscal Ana Jazmín Oliva Antillón lo llevó hasta la noche del jueves pasado luego de que ese mismo día un Tribunal le advirtió que sería multada con 14 mil 608 pesos si no lo presentaba en un plazo de 12 horas.
También la semana pasada otra representante social, Ana Griselda González Torres, fue multada con 30 salarios mínimos por no acudir a una diligencia que había solicitado para formular cargos. (Blanca Carmona / El Diario)
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