Fernando Aguilar/
El Diario
Seis de las siete familias que perdieron la vivienda que habitaban como consecuencia de la explosión en Eco 2000 recibirán este día una casa en comodato, que después de seis meses podrán adquirir en mensualidades fijas si así lo desean.
Estos inmuebles se encuentran en el fraccionamiento Real del Desierto, que se estean ubicados en el suroriente de la ciudad hacia el rumbo de la empresa Electrolux.
La ceremonia de entrega será presidida por el gobernador Javier Corral Jurado a las 10 de la mañana, informó Liliana Araceli Ibarra Rivera, diputada del distrito donde sucedió el incidente y quien ha estado siguiendo de cerca el caso.
De acuerdo con la legisladora, los afectados también recibirán un paquete de ayuda de parte de la Subsecretaría de Desarrollo Social del Estado y, a partir de las 9 de la mañana, los notarios públicos les explicarán en qué consiste el contrato que van a firmar.
“Lo que queremos es que tengan un lugar para esta temporada tan fea que se está viniendo”, dijo Ibarra, quien señaló que sólo una persona no aceptó la oferta hecha por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi).
La persona que rechazó la vivienda fue Andrea Hernández Juárez, quien vivía en el segundo piso del condominio donde se produjo el estallido.
La mujer, una empleada de maquiladora, explicó que tuvo que declinar debido a que en su empresa, que se ubica sobre la avenida Valentín Fuentes –a casi 20 kilómetros del desarrollo habitacional– le dijeron que era imposible abrir una ruta nueva del transporte especial hasta ese fraccionamiento.
“Estaba suave, pero el problema es mi trabajo”, indicó. “Me dijeron que la pensara y que me buscara otra casa por lo de mi trabajo, porque cómo le iba a hacer. Me dijeron: ‘Si se viene en ruta pagada todos los días va a estar llegando tarde’. Sólo se puede cuando les dan casa a varias personas de la empresa en un fraccionamiento”.
Funcionarios de la Coesvi no estuvieron disponibles ayer para conocer más detalles, pero Juárez Hernández mencionó que el trato propuesto era que después de los seis meses, si deseaban quedarse, las familias debían aportar 12 mil pesos de enganche y luego una serie de pagos mensuales sin variaciones.
Quienes perdieron las viviendas que ocupaban realmente no eran los propietarios legales de ellas, de modo que para ellos no era una opción reclamarle a nadie una reubicación o el pago de una indemnización.
Según han declarado las autoridades, las que hoy les van a entregar fueron recuperadas y tenían varios adeudos de servicios; también carecían de ventanas, puertas y otros elementos indispensables.
La explosión ocurrió el martes 15 de noviembre en el cruce de la avenida Santiago Troncoso con la calle Lince, donde cinco personas resultaron con heridas, de las cuales, una murió en el hospital.
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