Fernando Aguilar/
El Diario
Pese a la prevalencia de perros abandonados en las calles, su maltrato y la omisión de sus cuidados, la legislación que se supone debe impedir esa problemática y sancionar a quienes incurran en las conductas que la derivan ha sido en la gran mayoría de los casos, letra muerta, acusan organizaciones protectoras de animales.
Un ejemplo es el Reglamento para la Protección y Control de Animales Domésticos del Municipio de Juárez, que fue aprobado por el Ayuntamiento el 24 de mayo de 2007 y que entró en vigor el 19 de julio después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Elaborado durante la primera administración del exalcalde Héctor Murguía Lardizábal, el documento ha estado vigente casi ya por una década y en ese tiempo ha sido aplicado sólo en forma parcial, señala Olivia Ceballos, representante del Instituto por la Educación y Defensa Animal (IEDA).
El objetivo de esa normatividad –según consta en el archivo que está disponible en la página de Internet del Municipio– es la protección y el control sanitario de los animales domésticos y las especies retenidas en cautiverio.
Para tal efecto contempla incluso, en su artículo 22, la creación de un Registro Municipal de Perros y Gatos domésticos en la que deberían estar precisados los nombres de los propietarios de esas mascotas, sus domicilios y teléfonos, igual que del animal el nombre, especie, raza, color, sexo y, entre otras cosas, si es o no considerado potencialmente peligroso.
“Eso nunca lo han hecho y hay varias cosas que no se hacen”, advierte Ceballos. “Y es por falta de interés de las autoridades, básicamente. Aun y cuando uno trata de que se lleve a cabo, las autoridades nada más llevan las cosas parcialmente, no en su totalidad. El reglamento menciona también sobre un microchip en los animales y tampoco”.
Para la activista, la falta de aplicación del reglamento mantiene una relación directa con el hecho de que prevalece una profunda ignorancia entre la población y los propios cuerpos policiacos, quienes hasta desconocen en muchas ocasiones que hay leyes que protegen a los animales.
Ese punto de vista lo comparte María Luisa Carrillo, presidenta y fundadora de Aprodea, quien opina que la autoridad no se preocupa por hacer valer lo que está escrito en el papel.
“Yo personalmente he hablado a la patrulla cuando hemos visto casos de maltrato horrible. Muchos me dicen: ‘no, no vamos a lo de perros’. Les digo que hay una ley que sanciona el maltrato de animales. Les he dicho: o vienes, o le hablo ahorita al periódico y a la televisión. Y llegan de malas”, lamenta Carillo.
De acuerdo con las defensoras de animales, otro artículo que carece de valor porque no se cumple lo que ahí se estipula es el número 49, que, textualmente, indica: “Por ningún motivo se venderán animales sin el certificado expedido por un médico veterinario, que acredite un buen estado de salud general del animal, su inmunización y desparasitación, así como tampoco podrá realizarse exhibición y venta de animales en la vía pública”.
En su artículo 22, la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua también prohíbe la comercialización y añade que las autoridades administrativas, en caso de que se infrinja esa disposición, asegurarán a los animales de compañía y aplicarán las sanciones, algo que, para las organizaciones protectoras, no sucede.
“Insistimos mucho en que la ley, el reglamento y el Código Penal están”, expone Ceballos. “Lo que hace falta es la difusión, porque casi no se difunde que existen leyes, que hay sanciones. Estamos aquí para luchar que estas leyes se hagan valer por las autoridades, pero también hace falta mucha difusión”.
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