F. Aguilar/C. Ávila/
El Diario
Representantes de la sociedad civil reprobaron el alza de impuestos que analiza llevar a cabo el Gobierno del Estado argumentando que es injusto que a los ciudadanos se les cobren los recursos que, según han señalado las autoridades, malversó la anterior administración.
El recaudador de Rentas, Sergio Nevárez Rodríguez, anunció el jueves que el anteproyecto de Ley de Ingresos 2017 contempla un incremento de 3.5 por ciento en todos los gravámenes estatales, aunque falta que el Congreso local lo autorice.
Para Catalina Castillo Castañeda, directora de la Organización Popular Independiente (OPI), este incremento pone a los chihuahuenses en un estado de vulnerabilidad y, además, demuestra una pobre estrategia que rompe con las expectativas que tenía la sociedad en el sentido de que habría un verdadero cambio.
“Se nos vuelve a cargar a nosotros lo que los delincuentes y rateros que teníamos en el estado se llevaron. Se nos revierte a los ciudadanos (…) En ese sentido, creo que el Gobierno corralista necesita cambiar sus estrategias”, dijo la socióloga.
Alejandro Sandoval Murillo, economista de la firma Sólo Negocios, mencionó que el alza contemplada en gravámenes era algo de esperarse.
Dijo que es comprensible que la administración busque los métodos para sanear sus finanzas, pero lo cuestionable es que lo haga con cargo a la sociedad.
Desde el punto de vista de José Luis Rodríguez Chávez, impulsor de la agrupación civil Ciudadanos Vigilantes, es preocupante que en estos momentos haya un alza de impuestos por la situación tan crítica que se avecina para el estado.
Dijo que es inquietante que en lugar de que el Estado busque la forma de recuperar los recursos que señala fueron sustraídos ilegalmente, decida ‘cobrárselos’ a los chihuahuenses.
Lo importante es ubicar el dinero que se llevaron funcionarios de la administración anterior para que pudiera ser utilizado para solventar los últimos gastos, opinó Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), quien reconoció que el Estado muestra un afán para rescatar las finanzas públicas.
A su vez, Jorge Arturo Echavarría Cruz, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, expuso que el Gobierno le ha quedado debiendo a la sociedad la promesa que hizo de “llevar a la justicia a quienes han saqueado el erario”.
Igual que todos aquellos representantes sociales, el abogado cuestionó la estrategia del Estado y criticó que no vaya contra “funcionarios de primer nivel que tienen el dinero en bancos, en propiedades”.
Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio de Abogados, comentó que el incremento al estar ligado con el Índice de Precios del Consumidor es razonable.
Sin embargo, dijo que el Gobierno debe trabajar en verdaderas políticas de austeridad que le permitan hacer frente al actual escenario.
Resaltó que entre las posibles alternativas está reducir los cuantiosos sueldos que reciben diferentes funcionarios estatales.
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