Fernando Aguilar/
El Diario
Aunque la simple geolocalización de teléfonos celulares no contraviene ninguna norma, abogados de la ciudad señalaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe hacer un buen uso de ella y garantizar que no será utilizada para fines ajenos a la investigación.
El 4 de mayo de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la geolocalización en tiempo real “no constituye una violación al derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones y, por tanto, no requiere de autorización judicial”.
El miércoles, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) presentó un informe donde señala que esa autoridad investigadora requirió a las distintas compañías telefónicas la ubicación de 2 mil 747 dispositivos móviles en 2013, la de otros mil 941 en 2014 y la de mil 986 el año pasado.
Para Alba Herlinda Flores Domínguez, presidenta de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, se trata de una herramienta muy útil para apoyar las investigaciones que realiza esa institución.
Desde su punto de vista, el hecho de que sea la entidad que encabece el listado indica que “está trabajando más que otras dependencias en la República”.
Sin embargo, el criminólogo Óscar Máynez Grijalva, quien trabajó durante algún tiempo como titular de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la geolocalización puede ser un arma de dos filos porque nada garantiza que la Fiscalía no la utilizará de forma ilícita.
“Son los derechos de la privacidad. ¿Cómo sabes que la autoridad no va a estar haciendo un uso ilícito de esa habilidad? Un policía estatal celoso, por decir algo. Hay mecanismos. Es una invasión de la privacidad. Hay ciertas garantías en el resguardo de tu privacidad en la ley”, comentó.
faguilar@redaccion.diario.com.mx