Luz del Carmen Sosa/
El Diario
La situación irregular del fraccionamiento Eco 2000 frena la demolición del edificio siniestrado el pasado 15 de noviembre, cuando explotó un tanque de gas butano y afectó la infraestructura del ala izquierda del multifamiliar.
Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil Municipal, informó que los abogados del Municipio analizan la situación legal del condominio siniestrado, ya que aún está pendiente el proceso de regularización de las casi 800 viviendas ocupadas desde hace poco más de 15 años.
Agregó que la infraestructura del edificio resultó afectado a causa del estallido del gas butano y representa un riego para los residentes aledaños, sin embargo, es necesario agotar procedimientos para evitar riesgos legales.
Meses atrás funcionarios estatales habían dado a conocer que por conducto de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi) y el Infonavit, se llegó a un acuerdo para regularizar el fraccionamiento Eco 2000, donde la posesión y la ocupación de casi 800 viviendas quedaron en el vacío legal.
El desarrollo de viviendas, uno de los más grandes en su época, fue expropiado en 2003, luego de que los inversionistas enfrentaron un litigio con el banco, motivado por la propiedad del suelo donde se fincaron cientos de viviendas.
Esta zona habitacional, construida al oriente de la ciudad ha enfrentado una serie de problemas legales desde su inicio.
Su desarrollador, José Pérez Esparza, fue encontrado responsable del delito de fraude cometido en perjuicio de decenas de familias del fraccionamiento Eco 2000 en el 2004, establece el archivo periodístico.
Las notas refieren que esta persona declaró que la empresa Eco 2000 surgió en 1995 como prestadora de servicios de construcción de todo tipo: maquiladoras, constructoras y viviendas.
El empresario inmobiliario afirmó que no había ningún litigio en los predios cuando fueron adquiridos y que solicitó varios créditos bancarios a Bancrecer, pero que el trámite de los derechohabientes de Infonavit se hizo a través de Comermex.
Las familias damnificadas por la explosión explicaron que ocuparon las viviendas por necesidad y al carecer de un crédito, optaron por permanecer el exterior del edificio siniestrado en espera de la intervención de la autoridad; los afectados esperan que puedan obtener una vivienda propia con facilidades de crédito, que era su intención al momento de apoderarse de las casas abandonadas.
Matamoros Barraza dijo que de momento el edificio permanece con vigilancia policial para impedir el ingreso de personas ajenas, mientras que los afectados han recibido apoyo como cobijas, despensas y colchonetas.
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