José Pérez Espino/
El Diario
Ciudad de México– El impacto causado tras el asesinato del periodista Armando Rodríguez Carreón, ‘El Choco’, influyó en el impulso a cambios en la cobertura informativa de la violencia vinculada con el crimen organizado en el país, en reformas legales y en el trabajo de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
A ocho años de distancia, periodistas y activistas reflexionan sobre la huella que dejó el reportero de El Diario, quien fue privado de la vida el 13 de noviembre 2008 en el contexto de la mayor escalada delictiva de la historia reciente.
El homicidio fue un tema trascendente durante la discusión de la reforma constitucional que otorgó al Ministerio Público de la Federación la facultad de atraer delitos del fuero común cometidos contra periodistas.
En diversas ocasiones, ante senadores que elaboraron los cambios al Código Penal Federal, el manejo inadecuado del caso por parte de las autoridades estatales fue presentado como ejemplo por representantes de distintos organismos, como el Comité de Protección a Periodistas, con sede en Nueva York.
Las reformas entraron en vigor en mayo de 2013 y, en agosto del mismo año, la entonces fiscal Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Laura Borbolla Moreno, anunció la atracción de las indagatorias relacionadas con el asesinato de Armando.
Se trató del primer homicidio de un periodista en ser investigado bajo las nuevas atribuciones de la Procuraduría General de la República.
La experiencia también generó que organizaciones como Artículo 19, con sede en Londres, Inglaterra, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, contribuyeran en la sensibilización sobre la necesidad de generar protocolos de cobertura y una permanente capacitación ante las amenazas de criminales.
Su oficina para México y Centroamérica generó diversas guías con ese objetivo, como la “Guía práctica de seguridad para la cobertura en zonas de riesgo”, “Principios generales para la relación de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública con la prensa” y “Errores frecuentes de los medios y periodistas en la cobertura de temas de seguridad y crimen organizado”.
En 2013 lanzó la campaña #ImpunidadMata y produjo el documental “Armando Rodríguez, El Choco”, que recupera el proyecto de vida del periodista y las influencias que inspiraron su actividad profesional.
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El periodista Juan Carlos Romero Puga, quien durante dos décadas ha documentado la violencia contra la prensa en el país y es analista de medios en la revista Letra Libres, considera que a partir de la experiencia “hemos ido aprendiendo lecciones dolorosas”.
“Creo que con los años el crimen de Armando, la desaparición de Alfredo Jiménez Mota reportero de El Imparcial, en Hermosillo y el ataque de hombres armados a la redacción de El Mañana de Nuevo Laredo, se volvieron las tres más claras advertencias de cómo los asesinatos, las desapariciones y los secuestros iban a poner al periodismo mexicano de rodillas hasta tener comunidades totalmente silenciadas por el efecto del miedo, la impunidad y la violencia”, reflexiona.
“Es claro que ha habido un cambio en la cobertura de la violencia que proviene del crimen organizado”, afirma.
Agrega que “hoy es visible la profesionalización que existe entre editores, reporteros y fotoperiodistas en medios de distintas ciudades, la planeación de coberturas y la adopción de protocolos ante potenciales amenazas”.
“También es cierto –añade– que detrás de esto hay directivos que se han plantado frente a los criminales y han rechazado convertirse en correa de transmisión de los mensajes de los grupos criminales, que pagan salarios dignos a su personal y tienen un código de ética y de prácticas”.
Romero Puga conoció de primera mano la experiencia que vivieron distintas redacciones periodísticas del país tras el impacto del asesinato de El Choco en Ciudad Juárez.
“En muchos casos –narra–, grupos de periodistas modificaron sus hábitos de manera instintiva, hicieron a un lado la competencia entre sus medios para protegerse entre sí”.
Por ejemplo, “se impusieron nunca acudir solos a zonas inseguras, modificaron su lenguaje para no quedar en medio de las disputas entre organizaciones rivales e incluso se organizaron para buscar a colegas con experiencia en el trabajo periodístico en zonas de riesgo para compartir experiencias y adoptar las mejores prácticas en su trabajo”.
“Hay ciudades en las que sigue practicándose un periodismo mercenario, desaseado e irresponsable, pero ocho años después del asesinato de El Choco puede afirmarse que como gremio ya no somos aquellos de entonces, que nos sabemos vulnerables y que hemos ido aprendiendo lecciones dolorosas”, señala.
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Omar Rábago Vital, presidente del Consejo de la Red Global International Freedom of Expression eXchange (IFEX) e integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, reflexiona sobre el impacto del reportero de El Diario en las organizaciones no gubernamentales.
“Tuvo un efecto fuerte en la forma en que las ONG dábamos seguimiento a los casos de asesinatos porque pocos casos como el de él hubo solidaridad del gremio y su medio”, señala.
“No había forma de ignorarle –agrega– porque en muchos casos el gremio local y el medio preferían no decir nada y no exigir justicia del caso, no se involucraban. Lo que no sucedió en este caso”.
“El contexto de Ciudad Juárez y su violencia también lo diferencia de otros casos. Lo que a mí más me impresiona en lo particular es que su lugar se encuentre todavía vacío”.
“Por lo que investigué y escuche hizo escuela en la forma de cobertura de la nota policiaca, y eso no es cosa fácil en una de las ciudades que varias veces ha ganado el deshonroso reconocimiento de la ciudad más violenta de mundo”, indica.
Rábago Vital, quien fue Oficial del Programa de Libertad de Expresión de Artículo 19, recuerda que los periodistas juarenses “se volvieron a punta de violencia, inseguridad y respuesta de las instituciones locales y federales en personas expertas en cobertura que iban aprendiendo a base de la experiencia”.
Por ese motivo varios grupos de comunicadores de otros puntos del país les buscaban para compartir sus experiencias.
A nivel nacional, no obstante, “no hay una cultura de protección y autoprotección, aunado a que son contados los medios que buscan proveer algunas medidas y protocolos para buscar salvaguardar la integridad física de su planta de periodistas”.
“A ocho años del asesinato de Armando –afirma el activista– veo varios cambios en el papel: la reforma constitucional para la facultad de atracción de la Feadle, el Mecanismo de Protección Federal y varios locales, cambios en los estados en los delitos contra periodistas y agravantes de delitos cometidos contra la prensa pero pocos avances en lo real”.
“Las causas estructurales que propician el contexto adverso y las agresiones contra periodistas no han cambiado, y así, pues seguirán las agresiones a pesar de tener un ‘sistema robusto de protección’ en el papel”, expresa.
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La solidaridad gremial en torno al asesinato de Armando, así como atentados a instalaciones de medios y amenazas a diversos comunicadores, formó parte de una reflexión mayor con el paso de los años, recuerda Regina Santiago Núñez, directora del Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios (OMCIM), vinculado a la Universidad Iberoamericana.
En marzo de 2011, 711 medios de todo el país, entre periódicos, revistas, de radio y televisión encabezados por Televisa y TV Azteca, firmaron un acuerdo para la cobertura informativa de la violencia.
Una de las acciones era la de solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios, además de no ser voceros del crimen organizado y ofrecer un contexto sobre la situación de violencia.
“Sin embargo, a nivel de autocrítica tenemos que decir que fue un acuerdo que firmaron los directivos y dueños de los medios pero que no llegó a permear entre los reporteros”, dice la académica.
“¿Qué ha sucedido? Se olvidó, se dejó a un lado, ya no ha perdurado pero es una reflexión que deberíamos rescatar”, agrega.
“Nos basábamos quienes impulsábamos el acuerdo en el modelo colombiano donde una universidad planteó a los medios la necesidad de que pensaran dos veces sobre cómo publicar la información sobre la violencia, que no fuera tan en automático”, explica.
“La reflexión que se hizo en algún momento es que no se debe dejar de informar, desde luego, pero no tienes qué hacerles el juego a quienes incluso hacen un montaje específico terrible con colgados, decapitados, sangre y con mensajes”, narra.
En otras palabras, de “no hacer eco a las estrategias de propaganda del terror” y al mismo tiempo no exponer la integridad de periodistas y de las empresas informativas, indica.
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Desde 2010, Mario Campos es conductor del programa Agenda Pública en Foro TV de Televisa, el único espacio informativo de la televisión privada en red nacional que se ocupa de analizar la cobertura informativa de los medios, tarea que él realiza desde hace casi dos décadas.
Después del asesinato de Armando hubo intentos por fomentar la solidaridad en casos de agresiones a periodistas, señala.
“Recuerdo alguna vez la publicación de un texto en varios medios simultáneamente como forma de blindar o de darle visibilidad a algún tema, pues no dejó de ser una medida que ahí quedó”, dice.
“Desde mi experiencia no he visto que los medios, por ejemplo, hayan invertido en estos años en el tema de la capacitación de periodistas, en la elaboración de protocolos”.
“Mi impresión –agrega– es que más bien hubo un aprendizaje gremial donde, entre los propios periodistas se fue desarrollando cierta conciencia de qué cubrir y cómo cubrir para reducir el riesgo pero sin que las empresas editoriales tuvieran una postura al respecto”.
“Creo que la mejor prueba de ello es que hoy todavía no tenemos mecanismos de, por ejemplo, solidaridad cuando se registra algún tipo de agresión hacia algún periodista en algún punto del país, prácticas que en algún momento se intentaron”.
Campos reflexiona sobre la información relacionada con la violencia criminal en los años siguientes al homicidio de ‘El Choco’.
“La violencia no desapareció de la realidad pero sí cambió radicalmente su lugar en la agenda de los medios”, asegura.
“Ese cambio en la cobertura de los temas fue desplazado por otros, por ejemplo durante los primeros años de gobierno, por las reformas del Pacto por México, y después el de la corrupción, tanto de las denuncias como los casos de escándalo de los últimos tiempos”, explica.
Señala que “este desplazamiento del tema de la violencia en la agenda también estuvo acompañado de la práctica desaparición del debate sobre el papel de los medios y de los periodistas en la cobertura de la violencia”.
Es decir, “el fenómeno de la violencia continuó pero ya no el debate sobre cómo debíamos cubrirlo y que elementos había que darle a los periodistas para hacerlo”.
“Mi impresión es que pasaron algunas cosas y entre ellas es que asumimos como normales muchas cosas que no eran normales, por ejemplo, que en zonas del país se dejara de hablar como un tema del que se reportaba localmente”, dice Campos.
“Me parece que, en lugar de que se resolviera, simplemente se dio por descontado que en algunos lugares era tan peligroso abordar el tema que mejor no hacerlo, como en el caso de Tamaulipas, por ejemplo, o la falta de reportes en ese sentido desde Michoacán, por lo menos en los medios de la capital del país”, agrega.
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“Lo que ha cambiado es la conciencia”, afirma Gerardo Albarrán, fundador de Saladeprensa.org, considerado el principal portal en español que promueve mejores prácticas periodísticas a partir de la ética y la deontología.
“Hoy sabemos que la amenaza es cierta, que no hay lugar totalmente a salvo, que todos estamos en riesgo. Lo que ha cambiado es nuestra capacidad de indignación y de respuesta cuando atacan a uno de nosotros, un cierto espíritu de cuerpo que nos hace sentir menos solos”.
Agrega: “Lo que ha cambiado es nuestra preparación y capacidad para usar herramientas de autoprotección, sea individual o colectiva, para coberturas más seguras. Lo que ha cambiado es la atención internacional hacia México de organismos de derechos humanos y de protección de periodistas, que visibilizan los ataques y los crímenes”.
En contraste, advierte: “Lo que no ha cambiado es la complicidad de los gobiernos municipales, estatales y federal con los asesinos de periodistas; la impunidad en que se mantienen esos crímenes; la indefensión de reporteros, fotógrafos y editores que carecen de protección a veces dentro de su propio medio”.
“Lo que no ha cambiado son las deplorables condiciones de trabajo que, por sí mismas, nos ponen en riesgo a todos. Lo que no ha cambiado es el miedo que debemos vencer cada día para poder hacer periodismo”, añade.
En ese contexto, a ocho años del asesinato de ‘El Choco’ y de una etapa de violencia extrema, expone que “lo que sí ha cambiado es nuestra convicción ética por un ejercicio profesional comprometido, por un periodismo pertinente, útil y necesario para la construcción de ciudadanía, por un periodismo de servicio a la sociedad”.