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El Diario
Los dos acusados de la matanza registrada en el bar “Tres Mentiras” fueron vinculados ayer a proceso penal por el delito de homicidio calificado.
La defensa argumentó que existen varios errores en la investigación como el hecho de que se rompió la cadena de custodia de una prueba y que un peritaje no corresponde al arma asegurada.
El juez de Control, Carlos Natividad Sánchez Baray, consideró que sí existen datos de prueba en contra de Joel Martínez Lozada y Mario Alberto Gómez y dictó el auto de vinculación a proceso, además de dejar vigente la medida cautelar de prisión preventiva.
Uno de los datos de prueba admitidos por el resolutor es el parte informativo elaborado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en el que señalan que el 8 de octubre a las 00:40 horas se encontraban en la avenida Manuel Gómez Morín y calles Manantial y recibieron la orden de acercarse al bar y al llegar observaron que varias personas salían del inmueble corriendo y al entrar al negocio vieron a tres personas tiradas.
Las víctimas Héctor Daniel Carreón Zúñiga, Alejandro Rentería Arreola y Adrián Vargas Contreras habían sido baleadas minutos antes, al parecer a las 23:30 horas del día anterior, que fue 7 de octubre.
Otro de los indicios que acreditó el juez son las evidencias recuperadas en el bar que se localiza en la plaza Cuquita, estas son casquillos percutidos calibre 9 milímetros, proyectiles deformados y manchas de sangre. Así como el reconocimiento por fotografía que hicieron los familiares de las víctimas respecto a los cadáveres.
Durante la argumentación, el abogado de los acusados le dijo al juez que la cadena de custodia –la serie de documentos que firma cada perito que recibe las pruebas– estaba rota debido a que el perito en criminalística no signó el documento y evidenció que el peritaje se hizo sobre un arma de fuego marca diversa a la asegurada a los ahora procesado, que es una Prieto Berretta calibre 9 milímetros.
Sin embargo, el juez consideró que los otros datos de pruebas, entre estos los señalamientos de testigos protegidos, son suficientes para esta etapa procesal donde el estándar probatorio es muy bajo.
El juez también autorizó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria.
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