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El Diario
La defensa legal del presunto ‘carjacker’ detenido la semana pasada y puesto en libertad horas después por un juez de Control, al determinar que había sido torturado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), denunció ayer que el segundo arresto también fue ilegal.
Presuntamente Jesús Ernesto Martínez Orrantia fue entregado por autoridades carcelarias entre las 8:30 y 9 de la noche del domingo pasado –luego de que el juez Apolinar Juárez Castro decretó la libertad– a elementos de la Policía Ministerial Investigadora (PMI) y la orden de aprehensión se ejecutó hasta las 11 de la noche de ese día.
Es decir, cuando los ministeriales lo recibieron no tenían orden de aprehensión y lo mantuvieron retenido ilegalmente e incluso a las 10 de la noche lo ingresaron nuevamente al Cereso 3, indicó el abogado René García.
Señalaron tortura
El domingo pasado en una audiencia pública el juez escuchó la declaración de Martínez, quien denunció que los agentes municipales le dieron patadas, golpes en la cabeza, tórax, espalda, en una pierna, en los brazos y en las manos y que le pusieron la bolsa.
Luego el detenido le mostró las huellas de los golpes que presenta.
Juárez Castro concluyó que se violaron derechos de Martínez, así como del otro detenido Sergio Alejandro Tejeda Hinojos.
Indicó que durante el tiempo que estuvieron retenidos los policías posiblemente actuaron más allá de lo que estaban autorizados al golpear a Martínez, por lo que ordenó que ambas personas fueran puestas en libertad.
Ese mismo día el Ministerio Público (MP) solicitó una orden de aprehensión contra ambos liberados y el juez de Control, Efraín Baca Gutiérrez, la expidió.
El lunes pasado, sólo Martínez Orrantia fue puesto a disposición de otro juez de Control, Ramón Porras Córdova, acusado del mismo hecho por el cual fue puesto en libertad que es referente al robo de una camioneta Chevrolet Suburban modelo 2015 con placas 960HH.
Ante el juez Porras, el abogado dijo ayer que su representado nunca fue puesto en libertad y que sólo le cambiaron las esposas del Cereso por unas de la Ministerial.
En audiencia Porras Córdova le preguntó a Martínez si había recibido asistencia médica como él lo ordenó en la diligencia del lunes y el procesado respondió que no.
Por lo que el juez multó al director del Cereso con 50 salarios mínimos o unidades de medida y actualización y apercibido que si no acata la instrucción será multado con 100 salarios y de continuar con la misma postura será arrestado.
Además a preguntas del juez, la fiscal informó que el MP abrió la carpeta de investigación 31078 para indagar sobre la posible comisión del delito de tortura por parte de los municipales contra Martínez.
El juez decretó ayer un receso para reiniciar hoy viernes y resolver la situación jurídica de Martínez Orrantia.
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