Blanca Carmona/
El Diario
El juicio oral en contra de dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acusados de asesinar a un tarahumara, así como de abuso de autoridad, fue diferido para el 9 de noviembre.
Esto debido a que dos abogadas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte se incorporaron como coadyuvantes del Ministerio Público (MP) para representar a la familia de la víctima y también por el cambio de abogados por parte de los procesados.
Los oficiales Héctor José Holguín Aragón y Josué Cerecedo Mondragón enfrentan el proceso penal en la cárcel y ayer fueron excarcelados para llevarlos a la Primera Sala de la Ciudad Judicial, donde hicieron el nombramiento de abogado y estuvieron de acuerdo con el diferimiento.
El recinto judicial estuvo copado por los familiares de los elementos, así como María Rosalinda Guadalajara Reyes, gobernadora tarahumara; el representante de la Oficina Regional de la Tarahumara, Clemente Sánchez Chávez; integrantes de la organización Paso del Norte y observadores de las Brigadas Internacionales de Paz.
Diana Morales, abogada de Paso del Norte, dijo que esa organización considera que el homicidio de Carlos Efraín Jaris Cruz es un crimen extrajudicial y por ello es importante su intervención para velar por la defensa y promoción de derechos humanos de esa etnia, y exigir el cumplimiento de la reparación del daño.
El asesinato de Jaris Cruz, conocido en su comunidad como “Ramiro”, sucedió el 5 de julio de 2015 a las 07:40 de la mañana, después de que Mondragón y Holguín se encontraban en funciones y llegaron al exterior del comedor comunitario de esta etnia, ubicado en las calles Creel y San Juanito, para llevarse a la víctima detenida.
Presuntamente en ese lugar los elementos ejercieron actos violentos en contra de la víctima, lo golpearon y lo privaron de su libertad al forzarlo a subir a la patrulla de la SSPM de la marca Chevrolet, número P-442.
Después trasladaron a Jaris Cruz a una brecha de terracería ubicada a la altura del mirador Navojoa en las colindancias con el periférico Camino Real y calle Navojoa, donde fue asesinado.
El Tribunal conformado por las jueces Elizabeth Loya Villalobos, Emma Terán Murillo y Catalina Ruiz Pacheco sólo le tomaron los datos personales a los detenidos, escucharon la petición de diferimiento y dieron la nueva fecha.
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