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El Diario
El juicio oral en contra de tres presuntos integrantes de la pandilla “Los Aztecas”, acusados de ser los responsables del homicidio de un policía municipal en julio de 2013, inició esta semana.
La esposa del oficial asesinado compareció ayer y entre lágrimas narró cómo recibió la noticia y dijo que el crimen dejó a dos niños huérfanos.
Aunque pidió que sus datos no fueran reservados la testigo, Reyna Verónica Flores, solicitó declarar desde una sala privada para evitar encontrarse de frente con los sospechosos José Andrés Bustamante, José Lucio Hernández Floriano y Edgar Raúl Ramos Rico.
Flores dijo que agente Samuel Humberto Valenzuela Holguín –quien pertenecía al grupo de la Policía Especial de la SSPM– fue privado de la vida el 10 de julio de 2013 aproximadamente a las 7:20 de la tarde, cuando se encontraba asignado a la “Farmacia Lourdes” ubicada en la calle Rubén Posada Pompa.
Narró que parte del personal de un consultorio médico adjunto a la farmacia le indicó que se había registrado un ataque y que su marido estaba lesionado.
La testigo recordó que tras recibir la noticia se trasladó al Hospital 35 del IMSS, pero al llegar le dijeron que su esposo había fallecido.
“Perdió la vida en el hospital a causa de un proyectil de arma de fuego… cuando lo declararon muerto me fui a la casa, elementos de la corporación (SSPM) me marcaron, luego fueron por mí para que reconociera el cuerpo y recogiera las pertenencias”, señaló Reyna Verónica para luego contar que llevaba 14 años viviendo en unión libre con el policía y procrearon dos hijos.
Flores también refirió que a preguntas de un agente del Ministerio Público (MP) al momento de ser asesinado, el oficial tenía cinco años de antigüedad en la SSPM y llevaba tres años comisionado a la vigilancia de la farmacia.
Desde finales del año pasado estaba previsto el inicio del juicio oral en contra de los presuntos pandilleros, marcado con el número 52/15, pero ellos solicitaron la aplicación del Protocolo de Estambul.
El arranque se difirió hasta que se llevara a cabo ese estudio, una herramienta para determinar si una persona ha sido sometida a tratos inhumanos, crueles y degradantes.
El Protocolo de Estambul resultó positivo, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento –conformado por las jueces Elizabeth Loya Villalobos, Emma Terán Murillo y Catalina Ruiz Pacheco– desechará las pruebas obtenidas a través de la tortura.