Gabriela Minjáres/
El Diario
El programa de recuperación de viviendas abandonadas que fue cancelado anticipadamente tuvo una inversión de al menos 25 millones de pesos que la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi) pagó al Infonavit como anticipo del contrato de promesa de compraventa.
De acuerdo con la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la cuenta pública de la Coesvi correspondiente al año fiscal 2014, el pago se hizo al Infonavit el 29 de enero de 2013 y el convenio tenía vigencia hasta el 30 de septiembre de 2016.
Para el urbanista Agustín González Medrano, con la cancelación del contrato para comercializar las viviendas no sólo se tiró dinero a la calle, sino que se incumplió con la atención de un problema multidisciplinario.
Consideró que el fracaso del plan se debe a que las autoridades sólo buscaron atender las causas y no el origen.
“Se fueron sobre las consecuencias que son las casas abandonadas que recuperaron, arreglaron y parcharon para venderlas, pero sin revisar el origen de por qué las abandonaron”, expuso.
Agregó que desde la óptica de las autoridades la principal causa por las que esas viviendas se abandonaron fue por la violencia, cuando la realidad es que se trata apenas de uno de muchos factores, entre los que se cuenta la falta de infraestructura y servicios complementarios.
El contrato de la Coesvi con el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) establecía tres etapas para la venta de 16 mil 214 casas recuperadas en el estado que eran objeto de adquisición forzosa.
En la primera fase, que comprendía del 30 de septiembre de 2013 al 30 de septiembre de 2014, eran 4 mil 53 casas.
En la segunda, el mismo período pero del 2014 al 2015, eran 8 mil 106; y en la última etapa, 4 mil 55 viviendas hasta el 30 de septiembre de 2016.
Datos oficiales indican que, del total de esas sólo se comercializaron 4 mil 537, es decir, apenas la primera etapa establecida en el contrato.
Aunque el Infonavit y la Coesvi buscaron ocultar en su momento con una cláusula de confidencialidad el monto total de la compraventa en todo el estado, la ASE puso al descubierto el anticipo que se pagó y detalles del contrato preparatorio.
“Las partes convienen que el precio de cierre de las viviendas elegibles asciende a la cantidad que represente el 65% del valor del avalúo comercial (avalúo inicial), más la inflación acumulada a la fecha de cierre parcial que corresponda”, señala el contrato revelado por la Auditoría.
“En caso de que la venta se realice mediante un crédito otorgado por Infonavit, se realizarán dos avalúos, siendo el primero (inicial) el que determine el precio unitario entre el prominente vendedor y el prominente comprador en el segundo avalúo (vinculado al crédito) el que establecerá la venta al adquiriente final”, agrega.
Detalla también que el saldo continuaba vigente hasta el 31 de enero de 2015 y que el anticipo correspondía al contrato de promesa de compraventa celebrado entre el Infonavit y la Coesvi.
El objetivo era lograr la regeneración urbana de vivienda en el estado de Chihuahua a través de acciones encaminadas a rehabilitar la vivienda.
González Medrano, arquitecto y ex director de Ingeniería de la Ciudad en la Administración Municipal 2002-2004, dijo que lo ideal hubiera sido invertir en infraestructura para incentivar el arraigo y vender las casas a bajo costo para que las personas las pudieran arreglar y equipar.
Destacó que las viviendas abandonadas representan un problema multidisciplinario que va más allá de las cuestiones arquitectónicas como el deterioro de la imagen de la ciudad, ya que también generan problemas sociales, económicos y de salud, por lo que los programas de recuperación deben ser integrales. (Gabriela Minjáres / El Diario)
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