Fernando Aguilar/
El Diario
La “polla” de más de 3 millones de pesos mensuales que agentes de Tránsito se repartían entre ellos y las arbitrarias revisiones que siguen haciendo policías municipales son un claro mensaje de que la corrupción y la violación de la ley no han podido erradicarse, señalaron representantes de la sociedad civil.
Una auditoría aplicada a todo el personal operativo de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) evidenció aquella práctica, mientras que, en días pasados, vecinos del poniente de la ciudad denunciaron que los oficiales de Seguridad Pública los detienen pese a que el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, ordenó que esa práctica cesara.
Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), dijo que ahora que se descubrió la costumbre de los elementos de Vialidad nadie es castigado por ese delito, ello significaría que se tolera la impunidad, lo cual sería “un mensaje terrible” para la ciudadanía.
“El mensaje de que se puede cometer un delito y no se va a castigar lo está enviando la propia autoridad”, opinó. “Y eso sería terrible para quienes tuvieron una esperanza en el cambio. Ver que las cosas no han cambiado sería prácticamente empezar a matar la esperanza ciudadana.
Para Javier Cuéllar Moreno, lo que debe hacer Cabada Alvídrez es establecer instrumentos de control y vigilancia para evitar que ambos tipos de servidores públicos desprestigien su régimen.
“Reprobamos esas conductas de los agentes”, dijo a su vez Jorge Arturo Echavarría Cruz, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez. “Se supone que eso (la ‘polla’) estaba muy bien supervisado por el director de Tránsito y el presidente municipal”.
El abogado consideró que lo que deben hacer las autoridades es denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se llame a comparecer a las personas que están involucradas en esa acusación.
“Es un mensaje de desengaño. La sociedad estaba en el entendido de que eso había disminuido o se había eliminado con la administración pasada. Su director hizo mucho por transparentar su gestión y por evitar este tipo de prácticas”, comentó.
Sobre las revisiones sin ningún fundamento de las que habitantes de la ciudad se han quejado, Echavarría Cruz indicó que la autoridad debe darse cuenta de que está actuando en la ilegalidad, porque esas medidas son inconstitucionales y “para ejercer un derecho no se debe violar otro, como es el de la libertad”.
Desde el punto de vista de Ortiz Quintana, al seguirse tolerando estas detenciones arbitrarias y la prepotencia con que, denuncian ciudadanos, algunos policías municipales las realizan, se está aceptando no cumplir con la ley.
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