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El Diario
Cuatro personas presuntamente integrantes de la banda de “El Junior” se encuentran sujetas a un juicio oral acusadas de haber cobrado arriba de ocho mil pesos de extorsiones a una compañía dedicada a la compra venta de fierro en el periodo del 2010 al 2013.
Al iniciar el juicio en contra de Oney Favel Miranda, Mayra Rocío Gómez Castañeda, Claudia Moreno Montes e Imelda de León Ríos, quienes al parecer eran los propietarios de las cuentas bancarias en las que se depositaba “la cuota”, compareció el representante legal de la compañía y narró cómo se hicieron los pagos.
En los alegatos de inicio, un agente del Ministerio Público señaló que desde el 14 de diciembre del 2009 una banda dedicada al cobro de extorsiones dejó en claro su capacidad criminal para exigir el dinero, al rafaguear varias sucursales de la empresa.
El 14 de diciembre de ese año una sucursal fue baleada, el 15 de diciembre otras dos, incluso en una de éstas se encontraban varios clientes y empleados. Por lo que aceptaron pagar 50 mil pesos de “cuota” cada semana para evitar otros daños.
Durante el 2010 la empresa pagó de forma semanal esa cantidad y fue un empleado el encargado de llevar el efectivo. Ese trabajador será presentado en el juicio como testigo.
También en en el 2010 una persona que se comunicó vía telefónica y se identificó como “Junior” proporcionó diversos números de cuenta del banco Azteca para que se depositara “la cuota”.
El dinero se entregó en las cuentas en 2010, 2011, 2012 y culminó hasta 2013 cuando se presentó la denuncia, así lo señaló el fiscal, quien anunció que presentará la declaración de quienes participaron en pagar, del apoderado legal, el gerente de la compañía en Ciudad Juárez y la persona que hizo los depósitos, un gerente de compras, testigo de las negociaciones y las fichas de depósito así como los estados de cuenta de todos los acusados en los que de manera mensual se manejaban depósitos de entre los 230 mil pesos a los 385 mil pesos, a cada acusado.
En su turno, el abogado defensor de los procesados dijo que sus representados fueron detenidos de forma ilegal y llevan tres años presos alejados de sus familiares.
Además afirmó que el protocolo de Estambul aplicado a los cuatro detenidos resultó positivo porque fueron torturados y anunció que exigirán una indemnización al Estado por el daño causado.
El representante de la empresa dijo que en 2009 recibieron una nota extorsiva y después las sucursales fueron baleadas.