B. Carmona/P. Mayorga/
El Diario
Abogados y jueces criticaron la creación ‘exprés’ del Consejo de la Judicatura que vigilará la conducta de los resolutores y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Argumentaron que es un intento del Gobierno saliente por mantener el control en el Poder Judicial ya que a días de finalizar la administración del gobernador César Duarte, se aprobó el organismo que por años se propuso y fue rechazado.
Integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas indicaron que interpondrán un juicio de amparo contra la conformación del Consejo.
El Congreso del Estado aprobó el pasado lunes la creación del Consejo pese a la oposición del Partido Acción Nacional.
Se estableció que el Consejo de la Judicatura local vigilará la conducta de jueces y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y tendrá el control administrativo de ese poder.
Los diputados reformaron varios artículos de la Constitución local para establecer el Consejo que entrará en vigor en enero de 2017.
“Es un especie de revanchismo por parte del gobernador saliente ya que aunque perdieron las elecciones no quieren soltar el poder bajo ninguna circunstancia”, consideró René Rivera García integrante de la Asociación de Abogados.
Señaló que “se crea el Consejo que tendría como funciones nombrar jueces y magistrados así como la administración del Poder Judicial y toda vez que es evidente que la mayoría de los magistrados del Poder Judicial son de filiación priista es la forma de controlar este poder”.
Por su parte, un juez provisional de Control dijo que “el Gobierno se sigue atrincherando, antes no querían crear el Consejo incluso cuando se nombró a los magistrados se negaron y ahora lo hacen”.
Consideró que buscan “poner un candado a quienes van a elegir a los jueces y dan la facultad que el presidente del Consejo sea el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado”.
“No sé si lo hacen por orden de alguien o le están allanando el camino a quien viene porque dicen que hay 61 plazas como si nosotros, los jueces provisionales, no existiéramos como si fuéramos la nada jurídica o si estas plazas estuvieran acéfalas, expresó el juez.
“Hoy el Congreso priista apoya un Consejo cuando antes se negaron a crearlo, lo único que podemos pensar es que pretenden refugiar a políticos en el Poder Judicial”, dijo otro resolutor local.
Añadió que buscan “que este Consejo nombre a jueces a su gusto e inamovibles, que obviamente tendrán que atender a los intereses de quienes los nombren”.
Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, Alba Flores Domínguez, se pronunció a favor de la creación de un Consejo y pidió que se incorpore a un abogado colegiado que sea reconocido por su probidad, honestidad y profesionalismo.
Indicó que al incluirse un perfil ciudadano en el Consejo solicitan que pertenezca a alguna organización gremial de abogados.
Entre los magistrados, la creación del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua generó opiniones encontradas.
Mientras que el titular de la Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, dijo que es bienvenida porque es el órgano de administración de tribunales, el magistrado de la Séptima Sala Penal, Pablo Héctor González Villalobos, indicó que aún no conoce el dictamen pero le preocupa la premura con la que lo aprobaron.
Ramírez Alvídrez es uno de los magistrados que se han mencionado en columnas políticas como candidato a ser integrante del Consejo de la Judicatura.
Dijo que el nuevo órgano judicial es importante para el Poder Judicial porque descarga trabajo a los magistrados, ya que se encargará de los pendientes de contratación de personal “que colabore con nosotros”.
Sobre la premura con la que aprobaron los diputados el Consejo de la Judicatura, dijo que desde una Sala Penal “el universo que se ve es diferente al que puede ver el presidente del Tribunal (Superior de Justicia), él tiene más conocimiento (...) hay gente valiosa en el tribunal”.
Aunque considera que debe conjuntarse con gente de fuera y siempre tomar en cuenta la opinión de las barras y colegios de abogados.
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