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El Diario
El aumento salarial que solicitó el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) enfrenta al Ayuntamiento y al alcalde electo, pues mientras el tesorero del Gobierno local dice que la revisión y aumento al contrato colectivo es una obligación, Armando Cabada Alvídrez manifesta su oposición al alza.
Juan Miguel Orta Vélez, tesorero municipal, informó que la Administración analiza la factibilidad de otorgar a los sindicalizados un alza salarial del 8 por ciento y preparará una contrapropuesta con un porcentaje menor para evitar un mayor impacto a las finanzas públicas.
“Definitivamente le reduce el flujo al Municipio y afecta de manera presupuestal cualquier variación que hubiera, por eso buscaremos otorgar el menor incremento posible”, dijo.
Al ser la próxima Administración la que deberá aplicar el aumento y las prestaciones o modificaciones que se acuerden en el nuevo convenio de trabajo, el próximo alcalde, Armando Cabada, expresó su preocupación, sobre todo porque el emplazamiento a huelga del Sindicato está programado cuatro días antes de que él asuma el cargo público.
Señaló que él apela a la solidaridad de los líderes sindicales y a la destreza de los funcionarios públicos que designe el presidente municipal en funciones, Javier González Mocken, para realizar esta negociación por el bien de la ciudad.
Subrayó que “por supuesto que no aceptaría de ninguna manera ese ocho por ciento de aumento salarial” que pidió el Sindicato para los cerca de mil 750 trabajadores municipales adheridos a la organización gremial.
“Me parece que son números que ponen de inicio para arrancar con la negociación, obviamente yo no estoy de acuerdo, yo les dije a los líderes del Sindicato cuando platiqué con ellos que hay que ser solidarios no conmigo, sino con la ciudad. La verdad es que hay muy pocos recursos para invertirlos en infraestructura que está tan rezagada y que pues hay que buscar el ahorro en todos lados”, dijo.
El tesorero dijo que la revisión al contrato colectivo de trabajo, que implica aumento salarial, es una obligación del Municipio y no es opcional.
“No es discrecional, no es una decisión que tome la administración para beneficiar a un sector. Es importante destacar que el año antepasado (2014) obtuvimos la mejor negociación, que fue de un siete por ciento cuando el pliego petitorio estaba en el 13 por ciento”, agregó Orta Vélez.
El regidor Alejandro Seade, pidió ayer considerar la situación financiera del Municipio antes definir un aumento.
“Seguramente tendrá un impacto muy considerable en el gasto corriente, debe ser algo que se tienen que analizar, ver la postura del tesorero en este sentido y ver cuál es el historial que se ha tenido de incremento a los empleados sindicalizados”, indicó.
Sobre la petición presentada, El Diario buscó ayer a los líderes del SUTM pero no fueron localizados ni respondieron a sus teléfonos celulares.
Cabada Alvídrez concedió que si bien aún no tiene facultades legales para incidir en la negociación que realicen el SUTM y el Municipio, espera que el Gobierno local haga su labor con “certeza” y “destreza” para evitar impactar las finanzas públicas.
Sin fijar una postura sobre el porcentaje del alza salarial que propondría con base en lo que conoce de las finanzas municipales, anticipó que en las negociaciones estará presente una persona de su equipo de transición no sólo para atestiguarlas y conocer sus avances, sino para en su caso emitir alguna opinión.
“Ya lo aceptó tanto el Sindicato como el presidente municipal en funciones, habré de presentar a un fiscalista que estará presente en las negociaciones y si algo puede aportar obviamente será de valor, no necesariamente formará parte de la negociación, pero sí entrará a escucharla como testigo”, mencionó.
El próximo alcalde de Juárez comentó que actualmente su equipo de asesores analiza la relación contractual del Municipio con el Sindicato y el Fondo de Pensiones y Jubilaciones, porque tiene claro que se debe buscar una solución y modificación de las condiciones vigentes para evitar una crisis financiera.
Ello, subrayó, sin afectar los derechos que los trabajadores sindicalizados ya han ganado, pero sí para realizar un diagnóstico que le permita al Municipio modificar las condiciones laborales en beneficio de la ciudad pero sin perjudicar a los burócratas. (J. Olivas / G. Minjáres)
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