Fernando Aguilar/
El Diario
Seis años después de la masacre que les quitó a sus hijos, los padres de los muchachos asesinados en Villas de Salvárcar se quejan de que la actual administración estatal se niega a resolver el asunto de su indemnización derivada del compromiso que adquirió el año pasado.
Gustavo de la Rosa Hickerson, abogado que lleva el caso, denunció que desde marzo las autoridades postergaron las reuniones para definir las fechas de cuantificación y de pago en tres ocasiones hasta que les informaron que ya no habría más.
Dijo que tenían programada una cita el 20 de abril, que se pospuso para el 20 de mayo y ésta finalmente para el 27.
“El 27 de mayo nos comunicaron que nos esperáramos hasta que entrara en vigor la Ley de Atención a Víctimas del Estado —el 13 de junio— y que con el siguiente gobernador tratáramos el problema del cumplimiento de un convenio”, explicó.
De la Rosa Hickerson recordó que en febrero del año pasado, los deudos de Villas de Salvárcar llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación por recomendación del presidente Enrique Peña Nieto y por un compromiso que, dijo, asumió el gobernador César Duarte de atender y resolver el caso.
El pacto, indicó, consiste en que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del ámbito federal determinaría los montos que corresponden a cada una de las 24 familias que han sido afectadas por la matanza del 30 de enero de 2010: 14 por las muertes de hijos, esposos y padres y 10 por lesiones de arma de fuego.
“La comisión federal nada más iba a hacer la cuantificación de cuánto es lo que el Gobierno del Estado debía de pagar como indemnización subsidiaria porque así lo establece la Ley General de Atención a Víctimas. Se firmó una minuta con la Secretaría de Gobernación y desde entonces empezó a dársele largas y largas a la resolución del asunto”, refirió.
El aviso molestó a Luz María Dávila García —madre de Marcos y José Luis Piña Dávila, de 19 y 17 años— y a Alonso Encina Herrera, padre de José Adrián Encina Hernández, así como al resto de quienes piden justicia.
Encina Herrera dijo que, sin importar quién sea, el próximo gobernador del estado debe hacer vale la Ley General de Atención a Víctimas porque aborda un derecho que les corresponde.
“Los afectados somos muchos”, señaló a su vez Dávila García”. “¡Qué sensibilidad tiene este señor (César Duarte)! Estoy súper molesta; vamos a volver a empezar desde cero porque al señor no se le dio la gana reafirmar el caso. Es para dar coraje”.
Al cierre de esta edición, el área de Comunicación Social del Gobierno estatal no había informado cuál era la postura de éste ante el señalamiento.
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