El Diario
2015-10-17
En el arranque del juicio oral 21/15 contra Eduardo Estrada Cardona, Leonardo de la O Ramos y Cristel Fabiola Piña Jasso, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan a los imputados exigen al Gobierno del Estado la objetividad e independencia en el juicio y que reconozca públicamente que la tortura a hombres y mujeres sigue siendo una práctica sistemática por parte del Estado.
Además, piden que el Estado de Chihuahua valore la aplicación del Protocolo de Estambul como medio de prueba ante los casos de tortura, demandó el Centro de Derechos Paso del Norte.
Cristel Piña Jasso y Leonardo Gilberto de la O. Ramos se encontraban en su domicilio en la calle Bosques de Waterfill cuando un grupo de agentes de la Policía Estatal Única (PEU) irrumpieron en la propiedad el 12 de agosto del 2013 a las 5:10 de la tarde.
“Les preguntaron dónde estaban las armas y la droga, luego se los llevaron a una bodega donde los torturaron y Cristel fue violada por los agentes frente a Leonardo, los trasladaron a la Fiscalía finalmente donde continuaron torturándolos hasta que lograron que se autoinculparan por el delito de extorsión”, informó el sacerdote Óscar Enríquez.
Luego de sufrir al menos 15 horas de constante tortura física, sexual y sicológica, y 2 días después de su detención, Cristel, Eduardo y Leonardo fueron presentados ante los medios de comunicación como parte de una banda de extorsionadores.
Los asesores legales del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte tomaron el caso, que en marzo del 2015 se sumó a la Campaña Nacional “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual” para ser visibilizado y lograr el castigo de los agentes investigadores como presuntos responsables de estos delitos de tortura y violación.
La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene en su haber 43 recomendaciones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH) en lo que va de la administración del gobernador César Duarte Jáquez.
Y es la Policía Estatal Única, que dirige Pablo Ernesto Rocha Acosta y el grupo antiextorsiones, los que acaparan el mayor número de denuncias por actos de tortura, y arrestos ilegales, según los documentos públicos que exhibe la CEDH en su portal digital.
Ayer, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y las organizaciones que acompañan el caso, exigieron al Gobierno Estatal la objetividad e independencia en el juicio.
Exigen que se reconozca públicamente que la tortura a hombres y mujeres sigue siendo una práctica sistemática por parte del Estado; que el Gobierno estatal valore la aplicación del protocolo de Estambul como medio de prueba ante los casos de tortura.
También demandan que se investiguen el origen de los hostigamientos; que se garantice la protección y seguridad para las víctimas y sus familiares ante los hostigamientos y amenazas; y que este caso visibilice el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes de seguridad. (Luz del Carmen Sosa)
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