Gabriela Minjáres/
El Diario
Familiares de las víctimas de la masacre ocurrida en la colonia Villas de Salvárcar acudieron ayer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a pedir que gestione el cumplimiento integral a la recomendación que emitieron sobre el caso, particularmente lo relacionado con la indemnización a la que tienen derecho.
La solicitud la hicieron ayer a través de un escrito que entregaron en las oficinas locales de la CNDH, firmado por 21 de las 24 víctimas directas e indirectas de homicidio y lesiones en los hechos ocurridos el 30 de enero de 2010, cuando un grupo de sicarios irrumpió en una vivienda en la que se encontraban los jóvenes estudiantes en una fiesta.
Acompañados de su representante legal, el abogado Gustavo de la Rosa Hickerson, los familiares pidieron a la Comisión iniciar las gestiones específicas para que el Gobierno del Estado de Chihuahua acepte como propia la obligación de evaluar junto con ellos los daños sufridos y utilizar de manera supletoria lo dispuesto por la Ley General de Víctimas.
El documento fue recibido por el Coordinador de la Oficina Foránea de la Frontera Norte de la CNDH, Rubén Salgado Bussey, quien informó que de inmediato remitirían el documento a la Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones en la Ciudad de México.
Agregó que esta instancia será la encargada de analizar qué se ha cumplido de la recomendación y se encargará de dar respuesta a la petición, pero desconoce en qué tiempo.
Maricruz Camargo Soto, mamá de José Luis Aguilar Camargo y tía de Horacio Alberto Soto Camargo, ambos víctimas de homicidio, manifestó que no buscan ponerle precio a la vida de sus seres queridos, sino que se aplique lo que dice la ley y no lo que dictó el juez en cuanto a la reparación del daño.
“El motivo por el que andamos aquí es muy doloroso, es muy difícil para nosotros andar haciendo esto después de lo que pasó, creemos que el gobierno debería de ser un poco más sensible, no le estamos pidiendo más, nomás lo que es la ley porque nuestros muchachos no tuvieron su vida, mi hijo ya se hubiera graduado de la Universidad”, dijo.
De la Rosa Hickerson explicó que en la resolución final se recomendó al Gobierno del Estado velar por los derechos de las víctimas, entre los que se encuentra la reparación del daño.
Aseguró que de acuerdo con la Ley General de Víctimas el monto de la compensación puede alcanzar hasta 1 millón de pesos por cada persona, de acuerdo con la gravedad del daño sufrido.
Luz María Dávila García, mamá de dos estudiantes asesinados, agregó que se trata de una lucha para que se haga justicia a sus únicos hijos y para que las autoridades cumplan con la responsabilidad que tuvieron por estos hechos.