Gabriela Minjáres
El Diario
Familiares de las víctimas de la masacre ocurrida hace cinco años en la colonia Villas de Salvárcar pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dar cumplimiento integral a la recomendación que emitieron sobre el caso, particularmente lo relacionado con la indemnización a la que tienen derecho.
La solicitud la hicieron esta mañana a través de un escrito que entregaron en las oficinas locales de la CNDH 21 de las 24 víctimas de homicidio y lesiones en los hechos ocurridos el 30 de enero de 2010.
Acompañados de su representante legal, el abogado Gustavo de la Rosa Hickerson, los familiares pidieron a la Comisión iniciar las gestiones específicas para que el Gobierno del estado de Chihuahua acepte como propia la obligación de evaluar junto con ellos los daños sufridos y utilizar de manera supletoria lo dispuesto por la Ley General de Víctimas.
“Una vez hecha la evaluación proceder a calendarizar junto con el Gobierno del Estado las fechas de pago de las cantidades que resulten”, expusieron.
El documento fue recibido por el coordinador de la Oficina Foránea de la Frontera Norte de la CNDH, Rubén Salgado Bussey, quien informó que hoy mismo remitirán el documento a la Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones en la Ciudad de México.
Agregó que esta instancia será la encargada de analizar qué se ha cumplido de la recomendación y se encargará de dar respuesta a la petición, pero desconoce en qué tiempo.
Maricruz Camargo Soto, mamá de José Luis Aguilar Camargo y tía de Horacio Alberto Soto Camargo, ambos víctimas de homicidio, manifestó que no buscan ponerle precio a la vida de sus seres queridos, sino que se aplique lo que dice la ley y no lo que dictó el juez en cuanto a la reparación del daño.
“El motivo por el que andamos aquí es muy doloroso, es muy difícil para nosotros andar haciendo esto después de lo que pasó, creemos que el Gobierno debería de ser un poco más sensible, no le estamos pidiendo más, nomás lo que es la ley porque nuestros muchachos no tuvieron su vida, mi hijo ya se hubiera graduado de la Universidad”, dijo.
De la Rosa Hickerson explicó que el juez determinó que la reparación del daño sería de 40 mil pesos, cuando de acuerdo con la ley, la indemnización puede alcanzar hasta un millón de pesos por cada persona asesinada en esos hechos.