El Diario
2015-05-26
Agentes ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión contra un hombre que presuntamente participó en el secuestro exprés, robo y homicidio de un chofer de transporte público.
Al sospechoso, José Alonso Blanco Riva, de 21 años, se le impusieron como medida cautelar dos años de prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio.
De acuerdo con los datos presentados ayer en una audiencia pública por parte de una agente del Ministerio Público, los hechos sucedieron entre las 5 y las 5:30 de la mañana del pasado 20 de mayo, cuando la víctima, Gerardo Mendoza Rosales, conducía un camión International Blue Bird, modelo 95 y matrículas 481 15ZBT.
A la unidad subieron el ahora detenido y otro hombre cuya identidad no fue dada a conocer.
Presuntamente ambos tenían la intención de privar de la libertad a la víctima para apoderarse del vehículo, por lo que inicialmente lo mantuvieron retenido para golpearlo con un objeto contuso y después lo arrojaron de la unidad y huyeron a bordo de la rutera.
Las lesiones que sufrió Mendoza Rosales le ocasionaron un traumatismo craneoencefálico severo, dijo la fiscal para luego clasificar estos hechos como constitutivos del ilícito de secuestro exprés.
La ley establece que a quien prive de la libertad a otra persona se le aplicarán de 40 a 80 años de prisión y de mil a 4 mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de cometer un secuestro exprés para ejecutar los delitos de robo o extorsión.
Mientras que los agravantes imponen una pena de hasta 140 años de cárcel cuando el hecho se realice en un camino público, con la participación de dos o más personas, con violencia y cuando se cause la muerte de la víctima.
El Ministerio Público también acusó a Blanco Riva del delito de robo en perjuicio del propietario del camión, Ismael Astorga Ruiz y del homicidio de Gerardo Mendoza Rosales. En este último ilícito, la fiscal indicó que se trató de un delito emergente pues iban al parecer iban robar pero se excedieron y causaron el deceso del operador de la unidad.
El acusado rindió declaración pero únicamente para asegurar que fue víctima de tortura por parte de los agentes ministeriales y en las instalaciones de la Fiscalía estatal.
Por lo anterior el juez Antonio Coss Araujo ordenó que se le practique un examen médico de inmediato, así como la apertura de una carpeta de investigación por la posible configuración del delito de tortura y también pidió dar vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre esta presunta práctica de los policías estatales. (Blanca Carmona)
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