Gabriela Minjáres
El Diario
A pesar de que el Gobierno municipal contaba el año pasado con 5.8 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) para poner en operación el Centro de Atención para Niños y Adolescentes (CANA), se utilizó menos de una tercera parte del presupuesto para comprar sólo materiales de oficina y bienes muebles de los que se desconoce su paradero.
De acuerdo con información oficial de la Dirección General de Desarrollo Social, el equipamiento adquirido tuvo un costo de 1 millón 717 mil 441.17 pesos, pero no se entregó al Municipio porque no se cuenta “con los medios para su resguardo y almacenaje”.
El equipo para el Centro de Atención para Niños y Adolescentes (CANA), no se entregó al Municipio porque además se esperaba que pasara a manos del Gobierno del Estado para su operación, como finalmente ocurrió a principios del mes de marzo, pero sin que a la fecha el lugar entre en funcionamiento.
“... se estima que de ser autorizado por el H. Ayuntamiento que el proyecto pase a ser sólo responsabilidad de Gobierno del Estado, no tiene sentido alguno que los bienes muebles sean recibidos como inicialmente se proyectó, debido a que no contamos con los medios para su resguardo y almacenaje”, dio a conocer Desarrollo Social municipal en una ficha informativa.
En el documento entregado el 4 de marzo a la regidora Evangelina Mercado Aguirre, coordinadora de la Comisión de Salud Pública, la dependencia local explicó que la adquisición del equipamiento corrió a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, quien por medio de una licitación pública otorgó el contrato al proveedor Salvador Burciaga Corral.
Apenas unos días antes, el 19 de febrero, el director de Desarrollo Social, Gerardo Hernández Ibarra, había informado a la regidora panista mediante un oficio que el proveedor al que le adjudicaron el contrato estaba por entregar los bienes en una fecha próxima de la que no tenían precisión.
Entre los materiales que supuestamente fueron adquiridos con el subsidio federal y de los que entregó una larga lista se encontraban desde hojas de papel de varios tamaños y colores, perforadoras, grapadoras, cinta adhesiva y sacapuntas, hasta sillas, libreros y escritorios, ollas, estufas, colchas, literas y aparatos para hacer ejercicio.
Desde entonces, el funcionario municipal informó que el material sería para el equipamiento del Centro de Formación Integral y Profesional para la Prevención y Atención de las Adicciones (CEFIPA), nuevo giro que tendría el CANA al pasar a manos del Gobierno del Estado.
Aunque fue hasta el 6 de marzo que el Ayuntamiento aprobó por mayoría ceder el CANA al gobierno estatal para que lo opere a través de los Servicios de Salud de Chihuahua, lo que a la fecha no ha ocurrido.
“Lo último que nos informaron es que todo está en el jurídico del Municipio y los Servicios de Salud del estado, pero sin que haya una fecha definida para que entre en funcionamiento el centro”, dijo Evangelina Mercado.
Sin embargo, explicó que en torno a los recursos del Pronapred asignados para este proyecto no sólo ha prevalecido la opacidad, sino la confusión porque no dan a conocer dónde quedaron los materiales y el resto de los recursos que se habían asignado.
Originalmente, de acuerdo con la asignación de los recursos del programa federal que se hizo el año pasado, los 5.8 millones de pesos que se iban a destinar para el funcionamiento del CANA se iban a otorgar a una asociación civil denominada Servicios Profesionales para la Comunidad.
Personal de la agrupación, la autoridad municipal y la estatal no han precisado nada sobre este proyecto y, en general sobre el destino del presupuesto asignado para las otras acciones que estarían a cargo de la administración local y las obras públicas que desarrollarían con este financiamiento.
Según la ficha informativa de la Dirección General de Desarrollo Social, para la operación del centro que se construyó hace cinco años en el marco del programa federal “Todos Somos Juárez”, se requieren al menos 830 mil pesos mensuales en su primera etapa, costo que aumentaría hasta en 2 millones de pesos cuando opere la segunda fase.
Mientras que los costos de una tercera fase, que ni siquiera ha sido determinada en el proyecto ejecutivo, tampoco han sido calculados.
Los datos oficiales mencionan que el centro ubicado en Riberas del Bravo tiene como propósito principal dar servicio residencial con una duración máxima de tres meses a personas con problemas de adicción, tiempo en el que se prevé estabilizar al paciente y reintegrarlo a la familia y a la comunidad.