Martín Orquiz
El Diario
Los gobiernos municipal y estatal, así como las organizaciones beneficiadas con recursos del Programa Nacional de Prevención al Delito (Pronapred), deben dar a conocer cómo gastaron el dinero e informar los impactos sociales que causaron, de lo contrario se percibirán actos de corrupción, dijeron representantes de sectores fronterizos.
Datos oficiales establecen que en el 2014 fueron asignados 80 millones 195 mil pesos a través de esa iniciativa, 33.4 millones de pesos fueron ejercidos por 26 organizaciones de la sociedad civil que ejecutaron 28 proyectos, mientras que 46.7 millones de pesos fueron asignados a los gobiernos local y estatal para realizar obra pública y otros proyectos, pero no se ha transparentado cómo se usó en su totalidad.
“Sería interesante que se informara acerca de los impactos que tuvo esa inversión, un reporte para que la gente sepa en qué se gastó el dinero, nadie está peleado con eso”, mencionó el asesor de Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), José Antonio Enríquez Tamez..
Indicó que no sólo en el caso de los proyectos que se realizaron a través de Pronapred deben ser transparentes, sino cualquiera que esté relacionado con dinero público, ya que son millones de pesos los que son invertidos en acciones gubernamentales.
La exigencia, dijo, debe ser para que informen qué impacto tuvieron las acciones y la funcionalidad de los gastos para determinar si van de acuerdo a los estándares de mercado.
La directora de la Organización Popular Independiente (OPI), Catalina Castillo Castañeda, consideró que cuando se percibe que no existe transparencia en el uso de recursos públicos se perciben procesos de corrupción.
En lo que respecta a fondos públicos, señaló, los funcionarios de los tres niveles de gobierno tienen la obligación de transparentar la utilización de los recursos.
Explicó que es necesario que los gobiernos den información acerca del uso de ese dinero para despejar dudas acerca de la existencia de conflictos de interés, que se hayan otorgado a personas cercanas a los funcionarios.
En tanto, para el regidor de oposición Sergio Nevárez Rodríguez, la intervención de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en la asignación y seguimiento de los recursos del Pronapred, lejos de transparentar el ejercicio de esos subsidio, lo oscureció.
El edil, coordinador de la fracción edilicia del PAN, indicó que se solicitó a la UACJ información sobre los recursos pero les fue negada y se les canalizó a la Tesorería municipal a quien también se le solicitó datos el miércoles pasado, agregó Nevárez Rodríguez.
Adicionalmente, la mesa del Pronapred establecida para la asignación y seguimiento a los subsidios del 2015, firmó un acuerdo de confidencialidad que también impide conocer datos relevantes del proceso, criticó.
“Como se puede firmar un acuerdo de ese tipo. Vemos mal, falta transparencia al ejercicio”, añadió.
Alejandro Ramírez Ruíz, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) consideró que la transparencia es muy importante en el manejo de recursos.
Señaló que se tiene que informar en qué se invierte el dinero y así despejar dudas respecto a posibles malos manejos.
Indicó que en cuanto a la UACJ hay que darle un voto de confianza y la oportunidad de que informe lo que por su parte ha recabado de datos.
Mientras, en la ciudad de Chihuahua, la ex contralora y actual candidata a diputada federal por el distrito 6, Liz Aguilera García, aseguró que el año pasado la Contraloría del Estado y a la Auditoría Superior del Estado fiscalizaron los recursos del Pronapred.
Agregó que en el 2014, tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría estatal, trabajarían para dar seguimiento a la entrega y ejecución de los recursos pero no informó cuándo darían a conocer los detalles de los mismos. (Con información de Berenice Gaytán/Juan de Dios Olivas y Patricia Mayorga)
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