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El Diario
Durante años, la Fiscalía General del Estado Zona Norte desestimó la información que obtenían las madres de las mujeres que fueron secuestradas para ofrecerlas como sexoservidoras.
Así lo han señalado las testigos durante su comparecencia en el juicio oral que se le sigue a seis de los presuntos responsables de prostituir y luego asesinar a las mujeres, quienes dijeron que desde el 2010 advirtieron que en el Hotel Verde, ubicado en el Centro de la ciudad, se ofrecía a menores de edad como prostitutas.
Otras madres de mujeres desaparecidas indicaron a las autoridades que a sus hijas las habían visto en la zona en poder de hombres armados y cuando los ministeriales llegaron a realizar alguna diligencia tardaron hasta 15 días para acudir o simplemente se presentaron para alertar a los presuntos tratantes.
En la declaración que rindió el viernes pasado ante las juezas que conforman el tribunal, María García Reynoso –mamá de Jessica Leticia Peña García– indicó que tras la privación de la libertad de su hija el 31 de mayo del año 2010 ella comenzó a buscarla y recorrió bares, hoteles y casas huéspedes y de citas.
“La primera vez que entré a la recepción (del Hotel Verde) miré a las jovencitas que salieron de un cuarto totalmente desnudas, yo de ahí me sentí perdida”, dijo la mujer.
“Yo caminé hasta la Juárez a una caseta telefónica, de ahí di parte, le hablé al policía que traía mi caso, le dije por favor ayúdenme, traiga una orden de cateo. Estuve todo el día ahí, no se hizo nada, nunca llegó nadie”, declaró.
Afuera de ese lugar García declaró que vio a Jesús Hernández Martínez, “El Gordo Maloso” –sujeto al Juicio Oral número 267/14–, a Esperanza Castillo Saldaña y Raquel Venegas Treviño, presuntas integrantes de la red dedicada a secuestrar y prostituir a las mujeres; y en otra ocasión a Andrea Guerrero Venzor, otra víctima de trata y homicidio, afuera del Hotel Verde.
En su comparecencia, la mamá de Idalí Juache Laguna también reprochó el hecho de que durante varios años algunas personas vieron a su hija en los bares “El Tangas” y “El Tampico”, ubicados en las calles Mina y La Paz de la zona Centro con hombres que portaban armas de fuego y hasta en un catálogo de fotografías.
Sin embargo los ministeriales no le dieron seguimiento a estos datos.
“Habló una persona que me dijo que hicieron una fiesta y les mandaron el catálogo, a ellos les interesó ella porque estaba muy bonita pero no la pudieron contratar porque estaba cara y al último completaron para una de 25 años. Esa persona habló a la Fiscalía, a los números que venían en la pesquisa. Pero nadie contestó”, indicó la mamá de Idalí, identificada en el juicio con las iniciales NLC.
Raymundo Arras Rodríguez, también testigo en este juicio, dijo al Tribunal colegiado que él vio a Idalí en marzo dl 2010 –es decir, como un mes después de que ella fue secuestrada, pues desapareció el 23 de febrero de ese año– en un puesto de comida ubicado en las calles Ignacio Mejía y Ferrocarril y trató de avisarle al padre, pero no lo encontró en su domicilio por lo que llamó a los números que anotados en la pesquisa y en ninguno respondieron.
En el caso de María Guadalupe Pérez Montes –secuestrada el 31 de enero de 2009–, su padre declaró ante las juezas que recibió información recabada por dos amigas de su hija en el sentido de que a la menor de 17 años la tenían en la casa de huéspedes “Paris” ubicada en la calle Mina prostituyéndola y él proporcionó información a los ministeriales, quienes no hicieron nada.
Norma Ledezma, integrante de Justicia para Nuestras Hijas y coadyuvante del Ministerio Público en este juicio contra Jesús Hernández Martínez, César Félix Romero Esparza, Édgar Jesús Regalado Villa, José Antonio Contreras Terrazas, Manuel Vital Anguiano y José Gerardo Puentes Alva, informó en entrevista que las investigaciones han conducido a que hay servidores públicos inmersos en este tipo de delitos.
“No podríamos decir que hay una participación directa en los secuestros o conduciendo a las chicas, sino en protección a estos delincuentes y que son situación que se pueden ejemplificar en los casos como los de María Guadalupe Pérez Montes donde el propio papá dice que la habían visto en una casa de huéspedes y los policías ministeriales le informaron que iban a hacer entrevistas”, afirmó.
Ledezma indicó que también en los casos de Idalí y Jessica Leticia está clara la protección de servidores públicos a los integrantes de la presunta red dedicada a prostituir a las mujeres cuyos restos óseos se localizaron en enero y febrero de 2012 en El Arroyo El Navajo.
En el caso de Andrea Guerrero Venzor, su madre declaró que Manuel Vital Anguiano presentaba a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a las muchachas que contrataba para que atendieran el supuesto puesto de dulces que tenía instalado a unas cuadras de estación Delicias o Centro, al parecer para que le dieran protección. (Blanca Carmona/El Diario)