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El Diario
El fallo de una corte de apelaciones de Nueva Orleáns, a favor del agente fronterizo que abatió al adolescente Sergio Adrián Hernández, es visto por el periódico británico The Guardian como una declaración de “apertura de temporada para cazar mexicanos a lo largo de la frontera”.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza podrán dispararles a los ciudadanos extranjeros en México con impunidad —considerando que aquellos que sean puestos en la mira se encuentren a unos cuantos pies de territorio estadounidense”, dice Guinevere E. Moore, una columnista del prestigiado rotativo inglés.
En su editorial, la abogada y profesora de Derecho Constitucional, critica que el fallo emitido la semana pasada por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Quinto Circuito, dará pie a que los agentes que disparen y maten a personas en México mientras se encuentran en territorio estadounidense nunca sean hechos responsables, excepto ante sus propias agencias administrativas.
“Ninguna corte hará una revisión de sus acciones y las familias de las víctimas no podrán exigir justicia. Las acciones de un agente no serán reguladas o restringidas por la constitución ni estarán sujetas a una revisión por parte de los tribunales estadounidenses”, sentencia.
El 7 de junio del 2010, un agente de la Patrulla Fronteriza destacamentado en El Paso disparó y mató a Sergio Adrián Hernández, un juarense de 15 años que estaba en el lado mexicano de la frontera.
El oficial sacó su arma y le disparó dos veces, incluyendo un tiro fatal a la cabeza, bajo el argumento de que el joven le había lanzado piedras.
Después de tres días de haber sido suspendido y que se hiciera una revisión de sus acciones, el agente regresó a su trabajo. No se le levantaron cargos delictivos, y Estados Unidos se ha rehusado a extraditarlo para que sea enjuiciado por asesinato en México.
Sin ningún otro recurso, la familia de la víctima y sus abogados presentaron una demanda en el 2011 en una corte federal alegando que se había cometido una violación a los derechos de Hernández en base la Cuarta y Quinta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.
La familia apeló ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito y, por decisión unánime, el 24 de abril, la corte se mantuvo firme en su postura de que la Cuarta Enmienda no aplicaba y que el reclamo de Hernández en base a la Quinta Enmienda —el derecho a que su vida no le fuera arbitrariamente arrebatada por el estado sin un adecuado proceso legal— no fue “claramente establecido”.
“Si este hubiera sido cualquier otro tipo de tiroteo perpetrado por un elemento de alguna agencia policiaca, por lo menos el caso habría sido referido a un gran jurado —aunque muchas agencias policiacas también enfrentan el escrutinio del Departamento de Justicia de Estados Unidos por su uso excesivo de la fuerza y discriminación contra de las minorías”, menciona la columnista.
“La razón por la que tenemos una separación de los poderes es para prevenir este tipo de abusos por parte de una rama gubernamental, haciéndola a esta responsable ante las otras ramas del gobierno”, señala Moore.