Blanca Elizabeth Carmona
El Diario
Unas cuatro veces a la semana, María Rosalinda Guadalajara Reyes –rarámuri nacida en Tehuerichi, en el municipio serrano de Carichí– comparece en audiencias judiciales como intérprete de sus compañeros de etnia.
Aunque de niña nunca fue a la escuela, cuando tuvo la voz y la palabra –como ella dice– acudió a la primaria, a la secundaria y a la preparatoria abierta. Ahora es la única persona en Ciudad Juárez que está capacitada para fungir como traductora de los casos en que indígenas llegan a los tribunales locales acusados de haber cometido algún delito.
Ella traduce a los detenidos todo lo que dicen los agentes del Ministerio Público, el Tribunal de Garantía y también los jueces especializados en Justicia para Menores Infractores, del español al rarámuri, así como a las dos variedades del tarahumara –bajo y alto–.
Además, en su comunidad María Rosalinda también es parte del grupo que juzga a quienes cometen faltas administrativas o delitos menores, y se desempeña como la segunda gobernadora de la comunidad tarahumara en esta ciudad, que agrupa a 71 familias o 260 personas.
“Más o menos llevo dos años como intérprete. Al principio me hablaron por Coordinación de la Tarahumara y ahí me contactaron con las personas de la Ciudad Judicial, hasta que un día ya resulta que me llaman seguido, cada vez que hay gente de la Sierra Tarahumara, todo lo que tenga que ver con rarámuris. Tienen mis datos y se comunican conmigo”, expresa.
La mujer fue entrevistada en el exterior de su casa en la colonia Tarahumara, al poniente de Juárez y cerca de las faldas del cerro.
“Desde hace dos meses he estado yendo casi cuatro veces por semana, y eso sin contar que casi son dos audiencias cada vez con infractores menores y adultos también”, dice.
Comenta que traduce lo que les dicen los jueces y cuando les leen sus derechos, y agrega que aunque hay algunos detenidos que sí entienden español, es ley que cuando se trate de un indígena debe tener su intérprete.
María Rosalinda tiene 29 años y es madre de cuatro niños. Estuvo estudiando inglés pero dejó esa actividad cuando empezó a ser llamada para fungir como intérprete.
Comenta que algunos abogados fueron hasta la comunidad indígena en donde vive para impartirles algunos cursos, pero nadie se animó, y a la mera hora dijeron que no iban a poder decir en rarámuri lo que señalaran los jueces o los abogados. Así que ella es la única.
Al preguntarle cómo le hace para retener los datos, así como la terminología técnica del lenguaje que usan los abogados y luego traducir, con una sonrisa y mientras carga a su hijo más pequeño, María Rosalinda expresa: “Inteligencia, así nací”.
Dice que al principio sí batalló, “pero ya después fui entendiendo más. Al principio tomé como un juego ambas partes, para tener mi idioma y el español al mismo nivel”.
“Me dijeron que para qué ‘dioquis’ andaba malgastando mi tiempo cuando también tengo familia qué mantener y trabajo con las personas que confían en mí y que me han dado la oportunidad de trabajar con ellos, y entonces pues cóbrales, porque ellos sí ganan mucho dinero y tienen la obligación de tener a una persona o por lo menos saber el idioma”, abunda la entrevistada, quien cobra 200 pesos por cada sesión a la que acude.
En su comunidad, María Rosalinda organiza las reuniones, forma los equipos que trabajan en el comedor y consigue materiales y apoyo para construir más viviendas.
Sobre la manera en que la propia comunidad rarámuri juzga a quienes cometen algunas faltas, la intérprete y gobernadora explica que “cuando no es un delito grave se le puede juzgar aquí mismo en la comunidad, se le llama a la persona en una reunión”.
“Ahí mismo se le hace conocer el error que ha cometido o la falta que ha hecho aquí con la gente o su familia y se le sanciona, se le pone que repare los daños y hacer trabajo comunitario, ese sería la sanción que nosotros ponemos, pero si es un delito grave no podemos manejarlo”, expresa.
En la colonia Tarahumara son tres las autoridades, cada una con sus capitanes, quienes deciden la sanción a imponer o, en su caso, si hay unanimidad entre los habitantes, determinan la expulsión de quienes reinciden en cometer las faltas.
A diferencia de su madre, María Rosalinda dice que quiere apoyar a sus hijos para que vayan a la universidad, aunque sólo a dos de ellos les ve ganas de estudiar una licenciatura, señala. (Blanca Carmona/El Diario)
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