Martín Coronado
El Diario
La ley que regula la explotación de los mantos acuíferos transfronterizos, como los que dan agua a Juárez y El Paso, es tan laxa que permite que cualquiera de los dos países se aproveche, afirmó el catedrático de la Universidad Autónoma de México y especialista en el tema de aguas subterráneas transfronterizas, Gonzalo Hatch Kuri.
Durante el foro “Congreso Internacional Agua y Sequía” realizado este fin de semana por el Colegio de Chihuahua, el especialista señaló que en este entorno de privatización del agua, respaldada por la nueva Ley de Aguas que se cocina en el Congreso, implica el riesgo de que cualquiera de los dos países se aproveche de dichos mantos dejando en desventaja al otro.
Hatch Kuri, quien hizo una tesis de posgrado sobre la fundación de una nueva ciudad del tamaño de Juárez en la zona de Jerónimo-Santa Teresa, donde supuestamente no hay agua, lanzó una alerta por esa falta de regulación.
El especialista indicó que mientras se llega a un nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos sobre las aguas subterráneas transfroterizas, cada país limitará el bombeo de ese líquido en su propio terreno dentro de los 8 kilómetros, o 5 millas de la línea divisoria.
Sin embargo, explicó que la extensión de los mantos acuíferos puede llegar a ser mayor a esa distancia de la línea divisoria, lo que implica que ambos países pueden afectarse entre sí al sacar agua a mayores distancias de la frontera.
Explicó que para evitar problemas, México y los Estados Unidos determinaron en el Acta 242 de 1973, según consta en archivos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) que ambos países “se consultarán recíprocamente antes de emprender en el área fronteriza de sus respectivos territorios cualquier nuevo desarrollo de aguas superficiales o aguas subterráneas o de emprender modificaciones substanciales de sus desarrollos actuales que pudieran afectar adversamente al otro país”.
Hatch Kuri añadió que esta norma no es lo suficientemente específica para proteger los derechos al manto freático de ambos países.
Además, indicó que existe una falta de definición en cuanto un manto freático transfronterizo, pues no se puede dividir políticamente como la geografía, debido a los escurrimientos que se generan.
Añadió que los gobiernos están generando una conciencia de escacés hídrica no necesariamente con la finalidad de ahorrar, sino para justificar la necesidad de cobrar por el agua.
Dijo que cuando el gobierno convierte el agua en un “recurso”, entonces convierte en algo por lo que se debe pagar, sobre cualquier noción universal de que el agua no tiene propiedad.
Explicó que la escasez hídrica es algo no definido jurídicamente, pues en este país la Ley de Aguas Nacionales no contempla el término “sobreexplotación”.
Quien determina por ley la sobreexplotación de un manto, y una veda por falta de agua es la Comisión Nacional del Agua.
Sin embargo el criterio que usa para determinar la escasez se relaciona con el abatimiento, o con el cono que se forma en los pozos, cuando puede haber mucho agua en ese manto.
El criterio de sobreexplotación es tan laxo, que según datos de la propia Conagua, más de la mitad del agua potable que se usa en México proviene de acuíferos sobreexplotados.
“Es evidente que el agua subterránea se entiende como una mercancía, porque ‘recurso’ es un concepto que proviene de la economía clásica y que se concibe como un bien sujeto a las fuerzas del mercado, a las leyes de la oferta y la demanda”, estableció.
El especialista indicó que el tema es un asunto de seguridad nacional, según lo establecen mandatos de las Naciones Unidas. “el tema de las aguas subterráneas transfronterizas deberá ser tratado bajo un enfoque de una verdadera política nacional desde México, lo cual supondría un nuevo capítulo en la historia de las relaciones bilaterales de ambos países y de la gobernabilidad del agua en México.
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