Martha Elba Figueroa
El Diario/ Enviada
San Luis Potosí— La juez Sexto de Distrito, con sede en esta ciudad, Laura Coria Martínez, dictó auto de formal prisión a los empresarios juarenses Rómulo Escobar y Mario Fuentes Varela, detenidos el pasado jueves en la ciudad de Chihuahua, acusados por uso indebido de marcas a raíz de un litigio con la Unión de Ganaderos Lecheros de Juárez (UGL), que preside Pedro Zaragoza Fuentes.
En la audiencia celebrada la tarde de ayer, la magistrada resolvió que existen pruebas suficientes que acreditaron la probable responsabilidad de Escobar Valdez y Fuentes Varela en la comisión del delito de producción y comercialización de productos Gota Blanca sin autorización para hacerlo.
Fue a las 18:05 horas de ayer miércoles cuando las partes conocieron el fallo de la juez, por lo que los empresarios juarenses deberán permanecer en el penal de baja peligrosidad de La Pila, ubicado en esta comunidad, pues el delito por el que se les acusa no alcanza fianza.
Debido a la determinación judicial tomada, el empresario Jorge Humberto Zaragoza Fuentes permanece en calidad de prófugo, porque la orden de aprehensión girada por un juez de Distrito en la capital potosina también iba dirigida en su contra, se informó.
Esta resolución contra los empresarios juarenses detenidos fue dictada al cumplirse el plazo de 144 horas contadas a partir del viernes pasado, cuando la defensa solicitó la duplicidad del término para que la juez hiciera el desahogo de pruebas de los entonces inculpados y determinara si había elementos suficientes que demostraran su probable responsabilidad del delito.
De acuerdo con la denuncia presentada por el empresario Pedro Zaragoza Fuentes en contra de su hermano Jorge Humberto y de un grupo de socios, los acusados utilizaron la marca Gota Blanca, después de la disputa por el control de las empresas del consorcio que tiene presencia en varios estados del país.
Los representantes legales de los acusados no respondieron a la solicitud de entrevista, luego de conocerse este fallo.
En tanto, el apoderado legal de la Unión de Ganaderos Lecheros de Juárez –parte acusadora– Mario Azael Zamora Garnica, explicó que “ya una vez que se ha dictado el auto de formal prisión de los ahora procesados, lo que sigue es que ellos, al igual que nosotros, como ofendidos, a través del Ministerio Público de la Federación, vamos a tratar de allegar al juez todas las pruebas con las que contemos a fin de acreditar, en nuestro caso, la debida y completa integración del cuerpo del delito y la plena responsabilidad de los procesados, para que en su momento puedan ser sentenciados a una pena privativa de prisión”.
El juicio, dijo, se llevará a cabo en la ciudad de San Luis Potosí.
“Ellos se van a quedar en La Pila, que es el penal con el que cuenta San Luis Potosí, a menos, de que se tratara de reos de alta peligrosidad pudieran ser trasladados a un Centro Federal de Rehabilitación Social (Cefereso)”, indicó.
De acuerdo con la experiencia del litigante, este juicio podría durar entre 10 y 12 meses para el desahogo de pruebas, a fin de que las partes demandantes y defensoras acrediten probable responsabilidad o inocencia de los procesados.
A pesar de ello, Zamora Garnica consideró que “es muy probable que apelen el fallo de la juez en el sentido de dejarlos formalmente presos y eso se ventilaría en el tribunal unitario de circuito que se encuentra en esta misma ciudad”.
Finalmente, el apoderado legal de la UGL insistió en que la parte ofendida está abierta a llegar a un acuerdo fuera de materia penal.
“El señor Pedro Zaragoza, como propietario de la mayoría de las acciones de Unión de Ganaderos Lecheros de Juárez, siempre ha estado dispuesto a una negociación. Claro, que se le respeten sus derechos y sin perjudicar sus intereses”, afirmó.
La pelea que se dirime ahora en los juzgados comenzó desde el año de 2012, cuando el 26 de octubre los ahora detenidos, además de Jorge Zaragoza y otros socios, trataron de desaparecer la directiva de la Unión de Ganaderos Lecheros, en una asamblea cuya acta fue protocolizada por el notario público Francisco Burciaga.
Los resultados de esa asamblea fueron la revocación de poderes a Pedro Zaragoza y la designación de nuevos gerentes.
Posteriormente, el día 2 de noviembre de ese año, el grupo que intentó tomar el control de la empresa, trató de tomar la planta de Lechería Lucerna, en Juárez, lo que motivó una nueva confrontación con Pedro Zaragoza y los socios que estaban de su lado en el litigio.
Tras los hechos, Pedro Zaragoza Fuentes presentó una denuncia por despojo, por la cual intervino la Fiscalía del Estado de Chihuahua.
El conflicto legal continuó y se presentaron otros recursos y demandas, que derivaron en procesos judiciales ante instancias federales, por los que fueron requeridos los empresarios Rómulo Escobar, Mario Fuentes Varela, Jorge Zaragoza y Rodrigo Mendoza, siendo detenidos únicamente los dos primeros y ayer declarados formalmente presos.
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