Blanca Carmona
El Diario
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Policía Estatal Única (PEU) División Preventiva, acusaron falsamente a dos ciudadanos e incluso en uno de los casos irrumpieron en una casa para detener a una persona y “sembrarle” droga, se reveló durante los respectivos juicios orales.
En uno quedó probado que el oficial de la SSPM, Julio Alexander de la Paz, dijo haber asegurado dos paquetes conteniendo mariguana cuando únicamente incautó uno con 6.7 gramos.
Esto provocó que a casi dos años de estar sometido a un proceso penal el acusado, Manuel Edgar Carrasco Núñez, fuera absuelto por la juez Claudia Domínguez Curiel.
En los cargos presentados por el Ministerio Público se documenta que el 28 de julio de 2013 a las 23:30 horas los elementos de la Municipal observaron a dos hombres discutiendo en el cruce de las calles Puerto Lisboa y Puerto Dover de la colonia Tierra Nueva.
Ahí los interceptaron para informarles que habían incurrido en una falta administrativa.
Pero al someterlos a una revisión, señaló Alexander de la Paz tanto en el parte informativo como ante la juez, a ambos civiles les encontró droga.
Sin embargo, un perito de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte informó que únicamente recibió un paquete con 6.7 gramos de mariguana para analizar y a través de la cadena de custodia.
Además otro agente adscrito a la SSPM, César Iván García Piñera, quien el 28 de julio ofreció seguridad perimetral mientras se realizaba la intervención policiaca, le indicó a la juez que él únicamente vio un paquete con droga, pero escuchó que su compañero había localizado dos cantidades.
En el mismo sentido fue la declaración de otros dos elementos de esa corporación.
En su defensa Carrasco Núñez manifestó que ese día acudió a recoger a su suegro –quien es adicto a las drogas– y era esta persona quien traía el enervante para su consumo personal pero él no portaba nada ilícito, por lo que decidió irse a juicio oral, donde fue absuelto.
En un proceso penal distinto, los elementos de la Policía Estatal Única, Alessandro Vladimir Núñez Matus y José Luis Miranda Torres, irrumpieron en un domicilio particular donde al parecer “cargaron” con droga a Francisco Javier Fabela Cárdenas.
También proporcionaron datos falsos sobre el lugar de arresto, lo que causó que en el último día del juicio oral número 177/14 la agente del Ministerio Público pidiera el sobreseimiento del caso.
En este caso la parte acusadora había señalado que el 9 de noviembre de 2013 alrededor de las 2:30 de la madrugada los agentes de la PEU circulaban sobre la calle Toledo y en el cruce con Valladolid cuando se percataron de hombre que iba gritando groserías y le marcaron el alto pues consideraron que estaba alterando el orden público.
Lo anterior a pesar de que era la única persona que se encontraba en la calle.
Al revisarlo, aseguraron los oficiales, le encontraron un envoltorio con 15.5 gramos de mariguana.
Como parte de las pruebas la defensa solicitó a la juez Claudia Domínguez Curiel que se constituyera en el lugar de los hechos y al hacerlo el Tribunal, el Ministerio Público y la defensa pudieron observar que la calle Toledo es una cerrada que inicia en una barda y termina al topar con la Satevó, en el fraccionamiento Villas Residencial.
También se percató que la Toledo únicamente es utilizada para el acceso de los residentes de esa calle y no cruza con Valladolid, pues esta es una vía paralela.
Además la juez escuchó en declaración a tres vecinas del acusado, quienes fueron coincidentes en declarar que la madrugada del 9 de noviembre vieron a los agentes estatales ingresar a la casa de su vecino y cuando se lo llevaron detenido.
En tanto que Fabela Cárdenas declaró que los elementos ingresaron a su vivienda y le “sembraron” droga.
Además afirmó que él sí fuma mariguana pero en su trabajo “para aguantar” y en su casa su esposa le tiene prohibido consumirla, por tanto en el inmueble no había droga.
Después de que se presentaron las pruebas del Ministerio Público y la defensa, la fiscal pidió a la juez sobreseer la causa penal al señalar que su obligación era actuar de forma objetiva, con lealtad y buena fe tanto para el procesado como con el Tribunal de Juicio Oral.
En ambos casos los dos inculpados estaban sujetos a la medida cautelar de firma periódica ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.